Las declaraciones se produjeron minutos después de culminar la reunió que mantuvo ayer en Buenos Aires con el ministro de Planificación, Julio De Vido, quien también se desempeña como interventor de YPF. Durante el encuentro, llevado a cabo en horas de la tarde, ambos funcionarios evaluaron la marcha de YPF y delinearon acciones para el futuro inmediato.

Encaminados

Buzzi confirmó que “a una semana de la intervención, el Estado está demostrando una fuerte capacidad de acción. Con el ministro De Vido conversamos sobre lo que ha venido sucediendo en los últimos siete días, y hablamos sobre el ambicioso plan que hay para YPF, en el que no sólo nos planteamos un horizonte de autoabastecimiento a mediano plazo, sino que prevemos medidas inmediatas que van a tener su impacto en las tareas de exploración y de extracción”.

Entre los puntos tratados en el encuentro estuvo la actividad de la compañía en la provincia del Chubut. En referencia a ello, Buzzi detalló que “la intención es que en 30 días se recupere la producción plena en la cuenca del Golfo San Jorge, poniendo a trabajar todos los equipos que actualmente están parados. Le manifesté al ministro la muy buena predisposición que hay en la gente para llevar a cabo esta tarea, algo que se vio muy bien la semana pasada en Comodoro Rivadavia, cuando charlamos con los trabajadores de YPF. Es una gran tarea en la que todos vamos a poner el hombro.”

Análisis

El primer mandatario provincial indicó que, además, en la reunión se habló “ampliamente sobre cuestiones que tienen que ver con el análisis de los procesos internos productivos y los avances legales relativos a la situación de YPF”.

Finalmente, el Gobernador Martín Buzzi, quien estuvo acompañado por Oscar Cretini, titular de Petrominera e interventor de YPF en la provincia del Chubut, planteó como “excelente” el escenario futuro para la actividad petrolera. “Se ha tomado la decisión estratégica más importante en materia energética de los últimos 50 años y hay un rumbo muy claro que cuenta con el aval mayoritario de todos los sectores. Esta es una inmejorable plataforma para recuperar la YPF histórica, la que ayudó al crecimiento de la Patagonia y de todo el país”, sintetizó.

Los accionistas, perdieron

Por otra parte,la Justicia dispuso que perdieron derecho las acciones que Repsol vendió en Wall Street. Así lo anunció la jueza Edith Cristiano, a cargo del juzgado de Trabajo de Río Grande, atendiendo en el reclamo de un grupo de ex agentes de YPF, que pretenden que se les reconozca el derecho a un porcentaje del paquete accionario de la compañía.

La jueza dispuso entonces "suspender los derechos políticos y económicos de las 45.212.888 acciones de YPF, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)", atendiendo en el reclamo de un grupo de ex agentes de YPF, que pretenden que se les reconozca el derecho a un porcentaje del paquete accionario de la compañía.

Las acciones son representativas del 11,50 por ciento del paquete accionario de YPF S.A. que los "ex ypefianos" le disputan desde hace tiempo a Repsol.

La medida judicial se mantendrá hasta tanto se resuelva la nulidad planteada por la Federación de Ex Agentes de YPF, respecto a las ventas accionarias que realizó Repsol en marzo de 2011.

Verónica Muchnik, una de las abogadas que representa a los ex trabajadores de YPF, confirmó a DyN la Resolución judicial, asegurando que los deja "más que conformes, porque salvaguarda el interés de los ex trabajadores de YPF". La letrada explicó que se trata de "una medida cautelar, relacionada con la demanda judicial de nuestros representados" y recordó que "en marzo de 2011, Repsol violó una orden judicial emitida por el Juez Federal, Oscar Valentinuzzi, en la que se impedía a Repsol vender sus acciones en YPF, con motivo de un reclamo judicial realizado por la Federación de Ex Trabajadores de YPF en nombre de sus 25.000 representados, todos ellos ex trabajadores de la empresa que reclaman por sus derechos accionarios".

"Esta medida de la doctora Cristiano viene a evitar mayores perjuicios a terceros y sirve para preservar el patrimonio de YPF", destacó Muchnik a Lapoliticaonline.

Otro escenario

El reclamo de los trabajadores se fundamenta en la decisión del gobierno de Carlos Menem, a través de Ley de Reforma del Estado, de poner en venta las empresas públicas de la Argentina contemplando que, en la venta de los paquetes accionarios, 10 por ciento del capital social pasaría a propiedad de los empleados a través del denominado "PPP" (Programa de Propiedad Participada).

De esta forma, los empleados de YPF pasaron a ser titulares de 35.300.000 acciones de Clase C de la compañía, con derecho a participar y votar en las Asambleas de Accionistas, a designar un Director Titular y un Director Suplente en el Directorio, a percibir dividendos, aprobar o rechazar los balances anuales y las ventas del paquete accionario.

Sin embargo en 1997, el Estado nacional y el Directorio de YPF autorizaron y gestionaron la venta de las acciones Clase C sin contar con la aprobación de este grupo de titulares, decisión que se pretendió convalidar mediante el Decreto 628/97.

La decisión entró en vigencia 8 días después de la venta, por lo que el Decreto fue declarado inconstitucional e inválido por la Corte Suprema de la Nación en 2001 en la causa conocida como "Caso Antonucci".

En febrero de 2011, el Juzgado Federal de la ciudad de Bell Ville, Córdoba, a cargo de Oscar Valentinuzzi, ordenó a YPF, a su accionista mayoritario Repsol y al Estado nacional, que "suspendan la venta de las acciones de YPF hasta tanto se resuelva la demanda iniciada por la Federación de Ex Trabajadores de YPF", quienes reclamaban que se les reconozcan sus derechos como accionista".

Asimismo, el juez ordenó comunicar tal suspensión de venta a la SEC (Securities and Exchange Commission) con sede en New York y a la Comisión Nacional de Valores de Buenos Aires. Igualmente, en marzo de ese año, Repsol continuó comercializando acciones de YPF, a través de la venta de 3,83% a los fondos Lazard Asset Management y otros inversores, por 639 millones de dólare y haciendo una oferta pública de venta (OPV) en Nueva York, de hasta 7,1%.