El último presidente de la dictadura argentina, Reynaldo Bignone, sabrá mañana qué nueva condena suma por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. La querella y la fiscalía pidieron penas que van de los 25 a los 50 años de prisión, y quedará en manos del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín la decisión sobre el nivel de responsabilidad por allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas.

Bignone, de 81 años y con arresto domiciliario se sentará a las 9.30 junto con el resto de los acusados, y es probable que decida hacer uso de su derecho a hablar ante los magistrados antes de escuchar la sentencia. Junto al ex titular de la última Junta Militar son enjuiciados ex jefes de esa guarnición militar en la que funcionó un centro clandestino de detención Santiago Riveros, Fernando Verplaetsen, Carlos Tepedino, Jorge Osvaldo García, Eugenio Guañabens Perelló y el ex comisario de Bella Vista Germán Montenegro.

Campo de Mayo es considerado el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, ya que en allí funcionaron cuatro centros de torturas y una maternidad clandestina. Los hechos juzgados ahora ocurrieron entre 1976 y 1978, período durante el cual Bignone se desempeñó como segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. Poco antes había sido director del Colegio Militar de la Nación, y en ese cargo lideró el 28 de marzo de 1976, cuatro días después del golpe de Estado, un operativo en el hospital Posadas en el que fueron secuestradas 40 personas. Luego se instaló allí un centro clandestino de detención.

En el juicio, que se realiza en un polideportivo de la localidad bonaerense de Florida, se escuchó a un centenar de testigos, entre sobrevivientes, familiares de víctimas y peritos. En los alegatos finales, la fiscalía pidió 25 años de prisión para Bignone y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, 50 años. Todos los procesados, en su mayoría de más de 80 años, pidieron la absolución.