Cuenca Matanza Riachuelo: la Corte intimó al juez por presuntas anomalías

Cuenca Matanza Riachuelo: la Corte intimó al juez por presuntas anomalías
Fijó un plazo de cinco días al magistrado de Quilmes, Luis Armella, para que brinde explicaciones a raíz de un artículo periodístico que lo vincula con empresas a las que se le asignan multimillonarias obras.
La Corte decidió además dar intervención a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que "dentro de la brevedad posible" realice una investigación y se expida sobre las anomalías que un artículo periodístico le atribuyó el domingo pasado al juez.

"No podemos ignorar estas cosas y quedarnos con la incertidumbre" y, por eso, "es necesario que (el juez) explique e informe", dijo uno de los jueces de la Corte, quien afirmó que Armella "hasta ahora llevó muy bien la causa y nunca tuvimos ninguna queja".

Armella "debe dar una explicación detallada" sobre los vínculos que el periodista Horacio Verbitsky afirmó que tiene con empresas que, por razones de urgencia, son contratadas de manera directa para ocuparse de obras de "centenares de millones de pesos".

Según el artículo, el magistrado clausuró empresas competidoras de aquellas en las que ubicó a parientes y amigos.

Basado en el plan para el saneamiento de la cuenca realizado por la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (ACUMAR), integrada por los gobiernos de la Nación, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, junto con catorce municipios del conurbano, el juez intimó a realizar obras en plazos perentorios, bajo apercibimientos de "graves sanciones", denunció la nota periodística. Ello permitió a ACUMAR eludir la licitación y que las obras sean encomendadas a empresas "próximas al juez que las ordena", a precios que "hasta duplican los de mercado".

Basado en el plan para el saneamiento de la cuenca realizado por la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (ACUMAR), integrada por los gobiernos de la Nación, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, junto con catorce municipios del conurbano, el juez intimó a realizar obras en plazos perentorios, bajo apercibimientos de "graves sanciones", denunció la nota periodística. Ello permitió a ACUMAR eludir la licitación y que las obras sean encomendadas a empresas "próximas al juez que las ordena", a precios que "hasta duplican los de mercado".

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