El objetivo es desprenderse dentro de los próximos seis meses de unos 500 empleados para que luego emprendan el trabajo autónomo o dentro del sector privado.

"La cesación laboral de muchos será un proceso de readaptación que tendrá una dificultad especial'', alertó el cardenal Jaime Ortega, quien admitió que ‘‘hay preocupación; yo diría que hay un poquito de expectativa'', según publica el diario latino El Nuevo Herald.

El régimen estima que con la eliminación de poco más de un millón de plazas entre octubre y marzo de 2011- de las 4,2 millones existentes en empresas e instituciones estatales, se generará mayor productividad y eficiencia a la economía.

Además, aseguró que con lo que se ahorre por los despidos, habrá aumento al resto del personal que seguirá trabajando bajo la órbita de la dictadura.

Según el plan de Raúl Castro, unos 465.000 de los cesantes deberán ser absorbidos por el sector no estatal, por lo que se otorgarán licencias para pequeños negocios -existen apenas 144.000- en 178 oficios y cooperativas de producción de bienes.

A fin de promover la mediana empresa, no solo la pequeña, el régimen también autorizó la contratación libre de fuerza de trabajo -antes sólo permitía familiares-, que también estará gravada.

Las medidas fueron recibidas por muchos cubanos como una oportunidad para mejorar su nivel de vida, dado que el régimen paga 20 dólares de salario al mes.

No obstante, para otros el panorama es más sombrío dado que implicará el pago de tributos y la falta de acceso al crédito, añadió el matutino.

Los cesantes recibirán un mes de salario como compensación y aquellos que no logren insertarse en el sector no estatal el 60%, según su antigüedad, con un tope hasta de cinco meses los que tengan más de 30 años de trabajo.