Se convirtió así en la primera exfuncionaria kirchnerista que condena la Justicia, lo que muestra lo lento que avanza el Poder Judicial en los casos de corrupción, ya que se trata de apenas un caso de los múltiples escándalos que involucran a exministros, exsecretarios y figuras públicas allegadas al Gobierno nacional.

A pesar de que Miceli insistió en sostener su inocencia, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispuso la misma pena que había solicitado la fiscalía por encubrimiento agravado de una maniobra financiera ilícita y sustracción de documento público por la desaparición del acta policial del hallazgo, e inhabilitación de ocho años para cargos públicos. Además, se ordenó el decomiso de los 100 mil pesos y se dispuso indagar en el origen de los 31.670 dólares.

Además, la Justicia ahora tendrá que investigar por presunto falso testimonio a la amiga de la exministra que afirmó en el debate oral que le prestó el dinero para comprarse una casa.

No obstante, la sentencia aún no está firme y la propia Miceli ya anunció que apelará “en todas las instancias”, es decir, ante Casación Penal y la Corte Suprema. Recién si la decisión fuera confirmada en todos sus términos, la exministra debería ir presa hasta cumplir las dos terceras partes de la condena. La exfuncionaria afirmó tras la sentencia: “Hubo casos gravísimos” de corrupción “que nunca llegaron a juicio oral, y eso es una cosa que no puedo entender”.

Boudou sigue “el ejemplo”

Como si el polémico caso de Miceli no hubiera sido poco para el Ministerio de Economía, el kirchnerismo demostró que puede generar escándalos aún mayores. El extitular de la cartera y actual vicepresidente, Amado Boudou, está imputado por su vinculación con la imprenta ex Ciccone Calcográfica, con la cual habría entablado jugosos negocios de la mano de impresión de billetes antes de que fuera estatizada.

Las pruebas que certifican que la cara visible de la ex Ciccone, Alejandro Vandenbroele, sería el “testaferro” del vicepresidente son vastas, a pesar de que Boudou se las ha ingeniado para hacer desaparecer expedientes, apartar a jueces, fiscales y hasta al procurador general de la Nación para garantizar su impunidad.

Jaime: el que sigue en la lista

El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime será, luego de Felisa Miceli, el próximo exfuncionario kirchnerista que llegará a juicio oral en una causa relacionada con la corrupción.

Es por haber recibido dádivas de parte del empresario transportista Claudio Cirigliano -quien le pagó viajes en taxis aéreos-, a quien debía controlar por la explotación de trenes y colectivos. En esa misma causa está bajo investigación otro exsecretario de Transporte K, Juan Pablo Schiavi. Ambos también están implicados por la tragedia de Once.

Expertos en negocios turbios

Los Kirchner se han vuelto expertos en aprovechar todas las ventajas que les ofrece estar al mando de los más altos poderes del Estado. De esta forma, han acumulado patrimonio de la mano de inversiones inmobiliarias de forma escandalosa.

A mitad de año se conoció que la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, había comprado en 2011 dos terrenos de 833 metros cuadrados, que le costó, cada uno, $ 5.484. Es decir, pagó sus nuevos inmuebles a $ 6,58 el metro cuadrado.

La polémica surge porque no es la primera vez que la familia gobernante hace negocios de este tipo en el sur: el propio Néstor Kirchner había sido investigado por compras de terrenos fiscales por menos de $ 10 el metro cuadrado.

Los casos de desvío de fondos públicos

Por desvío de fondos públicos, y en áreas tan sensibles como la construcción de viviendas (uno de los mayores déficits que tiene el país), están sospechadas personas extremadamente cercanas al Gobierno: la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y los exapoderados de la entidad Sergio y Pablo Schoklender.

La Justicia investiga el destino de 765 millones de pesos que, según describió el fiscal de la causa: “A través del desvío de fondos públicos y de bienes administrados por la Fundación para la construcción de viviendas, sus apoderados y un grupo de empleados, en connivencia con terceros, direccionaban esos fondos hacia las empresas Meldorek SA y Antártica Argentina SA, entre otras, las que no brindaban ninguna contraprestación por el ingreso de ese dinero”.

En foco

La incoherencia del Gobierno nacional

En un acto que pareciera ser de justicia, porque va a ir presa la primera mujer que fue ministra de Economía nacional y también presidenta del Banco Nación, se demuestra una vez más la incoherencia del Gobierno nacional. Se supone que el expresidente Néstor Kirchner tendría que haber conocido el currículum de Felisa Miceli, porque no ocupó un puesto menor, sino la conducción de la cartera de Economía y la dirección del banco más importante del país.

La incoherencia radica en que querer demostrar a los ciudadanos que la Justicia funciona aún para los que están o estuvieron en el Gobierno, pero no es así. El caso que toca más de cerca a la presidenta Cristina Fernández es el de su vicepresidente, Amado Boudou, sospechado por tráfico de influencias en el caso Ciccone, en el que desaparecieron los elementos que podrían haberlo llevado preso, lo que es una torpeza, tratándose de un cargo tan importante.

Otro caso es el de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, una señora con serios problemas de conducta que utilizó los recursos de todos los argentinos que pagaron los impuestos para jugar a tener una ONG en la que cobijó a un asesino de sus padres, como Sergio Schoklender, y desviar fondos públicos que debían destinarse a la construcción de viviendas.

También está el caso del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, que usó toda su influencia en beneficio personal y sigue libre; de la militante social jujeña Milagro Sala, que hizo negocios turbios con planes sociales; la minsitra de Desarrollo Social y exfuncionaria de la dictadura Alicia Kirchner (hermana del expresidente) por la polémica compra de terrenos fiscales en Santa Cruz; y hasta el propio matrimonio presidencial de Néstor y Cristina Kirchner, que fueron sobreseídos en la causa por enriquecimiento ilícito.