Las familias que ocuparon los terrenos en la zona siguen estando y el asentamiento creció con el paso del tiempo. Se levantaron más casillas y hay mayor densidad poblacional. La zona fue circundada con un alambrado que no permite el paso por uno de los lados. Además ya no cuenta con el cercado policial que fue colocado en un principio, con el objetivo de que no ingresaran materiales de construcción. Ahora hay vía libre.

Asentamientos

La primera persona que se instaló en la zona lo hizo el viernes 13 de abril. De a poco se produjo un efecto de avalancha y un boca a boca, y en todo momento las personas que usurparon aseguraron que no se trató de una acción premeditada y organizada. Durante ese fin de semana, ya había al menos catorce familias instalando carpas y delineando los terrenos.

Las personas que ocupan el lugar señalan de manera constante que se hace por necesidad, ya que no cuentan con los recursos necesarios para adquirir un terreno o pagar un alquiler, por lo que se vieron “obligados” a tomar tal decisión.

El municipio de manera inmediata intervino con su Asesoría Letrada, solicitándole al Juzgado Civil que dispusiera un desalojo. Hasta el momento lo único que se resolvió fue el hecho de plantear la titularidad de los terrenos al municipio y que se los devolvieran.

Punto de vista

Con el objetivo de conocer el punto de vista de los vecinos, TiempoSur volvió a salir a la calle para consultar la opinión de transeúntes. En todos los casos consideraron el apropiamiento como algo ilegal.

“Hay familias que se encuentran esperando el terreno o una vivienda por años y se mantienen en la medida de sus posibilidades. Ninguna de ellas ha salido a ocupar una casa o un terreno. Es ilegal lo que están haciendo” señaló Maria Laura, quien solicitó no brindar su apellido.

Roberto, transeúnte de la calle Kirchner remarcó que “ya hay antecedentes de otro asentamiento en la ciudad, y al parecer ni el Gobierno ni la Justicia terminan por resolver algo. Esperemos que esto no se termine volviendo algo cotidiano, porque sino todo el mundo va a terminar dando por sentado que está bien usurpar”.

Desalojo

En varias oportunidades desde el estado municipal se instó a considerar el desalojo como única medida para poder solucionar la situación. Las familias en su momento se mantuvieron firmes, señalando que resistieran cualquier intento de desalojo.

Gabriel, una de las personas que señalaron “nosotros somos de Río Gallegos, nacimos y nos criamos acá. Aparte de nosotros, hay muchos más. No todos son de otro lado”.

Ulises, otro de los jefes de familia que en su momento se instaló en una parcela del terreno señaló en varias oportunidades a TiempoSur que de ser necesario se iba a “prender fuego”.

“Colgados” de la luz

Anteriormente, desde Servicios Públicos Sociedad del Estado había indicado que un golpe duro a la economía de la empresa eran los “clandestinos”, es decir, las personas colgadas a un servicio y que no abonan. SPSE indicó al barrio San Benito y Madres a la Lucha como los sectores donde mayor energía se perdía. Ahora tendrán que sumar también a los asentamientos del barrio Los Lolos.

La energía eléctrica llegó a la zona, aunque también mediante la ilegalidad. Una de las personas con las que habló TiempoSur señaló que “es lo que todos hacen”, argumentando que otros barrios habían hecho lo mismo en su tiempo. Incluso ya preparaba el poder conectar su casilla al tendido, teniendo planeado en cuál poste lo haría. Si bien no fue confirmado por autoridades de Servicios Públicos, el asentamiento cuenta con cables provenientes de otras zonas y que van a parar a las casillas.

Proyecto

El concejal dr. Juan Carlos Figueroa, conjuntamente con la Dirección de Tierras de la Municipalidad de Río Gallegos, elaboraron un proyecto de ordenanza con el fin de brindarle al Ejecutivo municipal las herramientas necesarias para la defensa y protección de terrenos usurpados, facultándolos para realizar convenios con fuerzas de seguridad de la provincia, a los efectos de tomar medidas, en el caso de comprobarse violación a ésta prohibición, pudiéndose así hacer uso de la fuerza pública en los términos de la legislación vigente.