Ayer por la mañana, los presidentes de cuatro comisiones del Senado (Edid González, Asuntos Constitucionales; Vicente Picó, Legislación y Asuntos Constitucionales; Rubén Bassi, Hacienda y Obras Públicas; Noel Breard, Impuesto y Presupuesto) firmaron la convocatoria a los funcionarios del gabinete del gobernador, Ricardo Colombi.

La idea es que en una mañana pasen por el Senado y expliquen a los legisladores las razones por las cuales el Gobierno provincial contraería la deuda y a qué se destinarían los fondos.

Los convocados son el Ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres; el titular de Obras Públicas, Aníbal Godoy; el Secretario de Energía, Marcelo Gatti; y el interventor de la Dirección Provincial de Energía Eléctrica, Vicente Parisi.

El proyecto de ley que prevé la toma del crédito (girada al Senado el miércoles 25 de abril pasado) establece los montos y las asignaciones específicas del crédito al que se pide acceder: $150 millones serían destinados a financiar obras e inversiones para la DPEC para optimizar el servicio eléctrico y reducir pérdidas; $200 millones para invertir en arreglos y ampliación de rutas a través de la Dirección Provincial de Vialidad; $200 millones para la construcción y extensión de la red de agua potable y cloacas en las localidades no concesionadas; $200 millones para la construcción del gasoducto de Colonia Libertad, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Mercedes y Paso de los Libres.

Breard con sindicalistas

Ayer, también en horas de la mañana, referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se reunieron con el senador Breard. Al titular de la comisión de Impuesto y Presupuesto le plantearon un par de inquietudes.

Por un lado, se mostraron “preocupados” por la solicitud de endeudamiento pretendido por el Gobierno provincial. Señalaron que desean conocer que se determine el costo financiero, organismos intervinientes - con preferencia saber qué organismos internacionales participan -, valores de las tasas (pidieron que sean “razonables”) y la especificación del destino

Respecto del decreto 768, por la que el Ejecutivo provincial estipula una reducción del 20 por ciento de los gastos corrientes de la administración pública, los sindicalistas entienden que es necesario su derogación.

Los gremialistas también expresaron que es imprescindible la vigencia de los convenios colectivos (paritarias), aprobados por ley el año pasado pero que aún no han sido reglamentados. Por último, que se garantice el salario mínimo para los trabajadores de la Administración Pública