La Provincia - a través de Fiscalía de Estado- ya presentó cuatro recursos judiciales que reclaman por los ingresos. Uno de ellos, acción declarativa de certeza y medida cautelar en contra de la Administración Nacional de la Seguridad Social, es el que está más avanzado porque el 28 de abril será la audiencia en la que se encontrarán los representantes de la Nación y la Provincia.

Otra de las demandas en contra del Estado Nacional persigue la correcta integración y distribución de lo recaudado en virtud del impuesto adicional de Emergencia a los Cigarrillos y el cobro de la suma proveniente de las diferencias entre lo efectivamente distribuido por el Gobierno Federal en concepto de recursos coparticipables durante los períodos febrero- diciembre de 1999 y desde marzo de 2002 hasta la actualidad y que deberían haberse distribuido a la Provincia.

A través de otra demanda, la Provincia busca la plena coparticipación de "los importes ilegítimamente detraídos de la masa coparticipable en virtud de la aplicación del decreto nacional 1399/01", por el cual se restó fondos coparticipables para el financiamiento de AFIP.

Uno de los últimos recursos presentados por la Provincia se inició en marzo de este año cuando comenzó a discutirse la coparticipación del impuesto al cheque. El fiscal de Estado Simón Hernández, con el patrocinio de las abogadas María Fabiana Meglioli y Rocío Walther, pide la plena coparticipación de lo percibido en concepto de impuesto a los débitos y créditos bancarios. Al margen de los cuatro mencionados, existen nuevas presentaciones de la Provincia que ingresaron este año para plantear acciones de inconstitucionalidad sobre alguna normativa, según consta en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia.

Argumentos

En la acción declarativa de certeza, la Provincia solicita a la Nación que "haga cesar el estado de incertidumbre ocasionado con respecto a la interpretación del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional Provincial a la Nación. Fundamenta la demanda que" la incertidumbre ocasiona una lesión a la Provincia en cuanto ha debido afrontar el pago de la movilidad a los jubilados transferidos. En su defensa, la Provincia enfatiza en el contenido de la cláusula tercera donde se expresa que "la Nación respetará los derechos adquiridos de los jubilados y pensionados del Instituto y cumplirá las pautas de movilidad de las prestaciones otorgadas".

La acción declarativa de certeza se acompaña con una medida cautelar de no innovar para que la ANSES se abstenga de retener la suma de $ 74.115.149 y/o cualquier otra derivada del pago de la movilidad previsional que "por incumplimiento del organismo nacional está pagando la Provincia porque ello generaría la inmediata interrupción de importantes servicios fundamentales", alega.

Las otras tres demandas cuestionan las violaciones al régimen de coparticipación federal y el perjuicio que generan a la Provincia. Por ejemplo, en el caso de la coparticipación del impuesto al cheque la demanda señala que si se participara el 100% de lo que recauda la Nación a las provincias, Catamarca incrementaria su partida en $ 240 millones al año. También coinciden en plantear la inconstitucionalidad de las modificaciones unilaterales al régimen de coparticipación.