La política de control puesta en marcha por el municipio hace unos meses fue sustituida por el vedetismo de quienes sin sustento buscan aparecer en los medios como paladines de la Justicia.
Afirmo esto en el convencimiento de que fijar una política requiere involucrar a los distintos sectores que tienen que ver con las actividades recreativas de nuestros jóvenes.
Por ello, en el año 2009 se constituyó el Consejo de Entretenimiento Seguro, un espacio que convocó a organizaciones civiles de padres, jóvenes, bolicheros, medios de comunicación, Policía de la Provincia, y distintas dependencias de la Municipalidad, como las áreas de Habilitación y Control, Tribunal de Faltas, Tránsito y la propia Secretaría de Gobierno. Su objetivo fundamental era el de establecer y monitorear acciones conjuntas que permitieran ordenar la noche en todos sus aspectos, llevando adelante una acción sistemática y que el protagonista principal fuera la propia sociedad civil organizada.
Pero esta política fue sustituida por el vedetismo de algunos que con anuncios sin ningún sustento buscan aparecer en los medios como los paladines de la justicia, sin lograr resultados abarcantes para una problemática de por sí muy compleja.
No alcanza con la estadística de locales clausurados, o hablar de reestructuraciones de áreas de control que nunca se efectivizan. Hay que tener una política que resulte de los consensos que tanto se declaman, para que en cada paso se avance efectivamente en el orden pretendido.
No se puede gobernar sin políticas, solo la miopía de los tecnócratas pueden hacer caso omiso de lo que nos plantea la realidad concreta.
Reitero, como lo planteara oportunamente: este tema no se maneja desde las cámaras de televisión, se lo hace convocando a los actores involucrados, concientizando a padres y jóvenes, organizando las áreas de control propias y de otros estamentos del Estado, comprometiendo a los empresarios de la noche a que colaboren con las medidas de seguridad y, sin lugar a dudas, siendo rigurosos con el control de los acuerdos alcanzados y normados.
Este tema es una responsabilidad política del Estado municipal y, por ende, así debe ser tratada.
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