La presencia y el discurso de la presidenta Cristina Kirchner en la Conferencia Industrial de la UIA fueron un alivio para los dirigentes de la entidad. No sólo porque hace dos meses habían sido confinados al bando enemigo por su faltazo masivo al avance oficial sobre Papel Prensa. También porque CFK volvió a colocar sólo en el plano de las expresiones de deseos al Acuerdo Económico y Social del que hace varios años se habla y difícilmente pueda prosperar en las actuales circunstancias.

La idea de un acuerdo tripartito entre el Gobierno, los sindicalistas y los empresarios no es mala en sí misma (más allá de la dudosa representatividad de muchos dirigentes), si se supiera por qué y para qué se lo convoca. Podría servir, por ejemplo, para moderar las expectativas inflacionarias sin comprometer el fuerte crecimiento de la actividad económica y del consumo.

Pero para ello harían falta varias condiciones que claramente no se dan. La primera y principal sería que la Casa Rosada reconociera la existencia de una inflación alta (25% anual) y nuevamente en ascenso por la suba de precios de alimentos. La segunda, contar con estadísticas confiables para medirla. Mal comienzo. En el primer caso, por el insólito diagnóstico del ministro Boudou, más las contradicciones aportadas por otros ministros que, en tren de justificarlo o despega

rse, concluyeron que lo mejor es no hablar más del tema. En el segundo, porque en el Palacio de Hacienda sigue cajoneado el crítico y voluminoso informe preparado por el grupo de universidades nacionales convocadas por Boudou para evaluar el desempeño del Indec y cuyos autores nunca fueron recibidos por el ministro. Aquí, hasta la vituperada oposición en el Congreso aportó su grano de arena: la ley con media sanción del Senado para normalizar el Indec en 150 días quedará postergada, con suerte, para 2011; paradójicamente, porque varios diputados que consideraban excesivo ese plazo le introdujeron cambios para perfeccionarla.

Aún así, podría ocurrir que Cristina Kirchner recurriera a un pacto social como complemento de una política oficial para bajar la inflación o, al menos, para evitar que siga ubicándose en escalones más altos. Pero aquí el problema es que la política va en sentido contrario. Sería una misión imposible convencer a sindicalistas y empresarios de que acomoden ajustes de precios y salarios a una inflación que dejaría de subir, cuando en los últimos dos meses el gasto público volvió a crecer a un ritmo de 37% anual, la base monetaria marcha a una velocidad similar y la expansión del crédito al consumo vuelve a batir récords (50% anual). Con más pesos circulando, la mayoría de los aumentos de precios tienen convalidación por más que la titular del BCRA argumente que eso es bueno para sostener la actividad económica. La contrapartida es que las expectativas inflacionarias de los consumidores también van en alza: la última encuesta de la Universidad Di Tella las ubica en 30% para los próximos doce meses. Una inflación de esta magnitud le pone más presión a la negociación salarial y es sinónimo de mayor conflictividad, ya que empresarios y sindicalistas buscan cubrirse por anticipado, lo cual termina por realimentarla. En el fondo todos descuentan que, en un año electoral, el Gobierno (que también recauda más por la inflación, el mayor consumo y las retenciones) se inclinará por seguir camuflando los índices y poner más plata en los bolsillos de la gente, aunque ello no signifique mejorar su poder adquisitivo, ni mucho menos combatir la pobreza que afecta a uno de cada cuatro argentinos.

En este contexto, pierde sentido -salvo en el aspecto institucional- el alboroto que generó la pelea en el Congreso por el presupuesto 2011. A pesar de las quejas del kirchnerismo, en los últimos años cada presupuesto fue una ficción que consistió en subestimar deliberadamente los ingresos, a fin de disponer luego disponer de enormes excedentes para gastar discrecionalmente a través de DNU y superpoderes para modificar prioridades. El año entrante no será una excepción.

Con este clima sobrecargado, y a pesar de que el PBI crecerá más de 9% este año, tampoco abunda el entusiasmo empresario por aumentar inversiones más allá del aumento de la demanda. No sólo la inflación es un desincentivo, sino también el cambio de escenario que significarían los proyectos laborales de Héctor Recalde (distribución de ganancias, eliminación de ajustes no remunerativos de salarios, y responsabilidad de las empresas sobre actividades tercerizadas), cuyo destino sigue siendo incierto. Para los sectores que exportan, la mayor preocupación pasa por el aumento de costos en dólares con un tipo de cambio casi congelado y que si bien el BCRA no deja caer, tampoco está en condiciones de subir sin estimular la inflación. Aquí las buenas noticias vienen de afuera: la devaluación del dólar frente a otras monedas evita una mayor pérdida de competitividad y la decisión de Dilma Rousseff de mantener al equipo económico de Lula, aleja en el corto plazo el riesgo de una devaluación del real. Aún así hay bemoles: la Cámara de Exportadores acaba de estimar que en los últimos cinco años el peso argentino se apreció 29% frente al yuan, con lo cual las empresas chinas pueden desplazar a exportadores argentinos de varios mercados latinoamericanos. También desalentó a quienes se ilusionan con una mejora del tipo de cambio efectivo a través de mayores reintegros impositivos, al revelar que la AFIP les adeuda un total de 1000 millones de pesos.

Para los próximos meses, todo parece indicar que el gobierno de Cristina Kirchner recurrirá a las mismas recetas económicas de su esposo, pero con mayores dosis. Lo cual significa potenciar los beneficios del "modelo", pero también sus problemas y la postergación de sus correcciones. Cada vez que un funcionario plantea la falsa opción de "inflación o ajuste recesivo", en realidad está descartando la alternativa más razonable de recuperar el sentido de las proporciones. En todo caso quedará para 2012, si la dirigencia política se decide a mirar lo que ocurre en el vecindario sudamericano, donde la mayoría de los países tiene una inflación un dígito anual y no deja de crecer