Cuando el poder retacea la información pública

Por Daniel Muchnik. Analista económico

Los opositores señalan todo tipo de defectos al Gobierno pero no insisten en dos características fundamentales que se están reiterando. Una es que las autoridades nacionales se resisten a aportar información clave de la gestión con una tenacidad increíble.

La otra, mucho uso del discurso y la promesa pero pocas normas escritas que regulen la vida económica y sociales el país.

De pronto, por ejemplo, todos creen que el Gobierno ha puesto freno a las importaciones o a determinadas compras en el exterior, pero no hay disposición escrita que avale y regule esa estrategia. La letra no existe y eso configura hasta un estilo de gobernar, un abuso de la autoridad. Quizás obedece a la concentración de facultades y poderes en manos de determinados funcionarios.

Una recorrida por los Boletines Oficiales demuestra la baja creación normativa. No aparecen ni organigramas de administración ni políticas documentadas suficientemente avaladas, lo que da origen a actuaciones de hecho, a informalidades en la gestión. No faltarán expertos en ciencias políticas que adviertan que por éste camino se genera un peligroso vacío y una actuación caprichosa y hasta poco democrática desde el máximo poder.

Un ejemplo: los subsidios al transporte éste año llegarían a casi $ 20.000 millones y los de la energía eléctrica a más de $ 16.000 millones. Sin embargo no se han divulgado a la opinión pública los manuales de procedimientos imprescindibles que estipulen cómo, de qué manera, a quienes y en qué medios se entregan esos subsidios. Todo queda en un terreno de misterio, de secreto, de silencio forzado. Y son fondos estatales, no particulares.

Otro caso que tiene características de asombro o de escándalo, según como se lo mire,es el planteo ante la Justicia de la Auditoría General de la Nación (AGN), con el aval del Colegio de Auditores, para que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) le remita 300 informes, demorados desde hace tiempo ,por empecinada decisión de Daniel Reposo, un funcionario sin trayectoria política, a cargo de la última entidad . Su argumento: “son datos personales que deben ser protegidos”. El empeño ha generado, inútilmente, sospechas de todo tipo.

La negativa llegó a tal extremo que el funcionario ordenó retirar de su página web parte de la información que se le solicitaba. Hecha la presentación en el Tribunales, después de meses de negociación, intercambio de cartas y mensajes de todo tipo y tenor, a las pocas horas - reposo se comprometió a remitir lo requerido.

Esos informes de la Sigen , que se refieren a la actuación de los Ministerios en la órbita del Poder Ejecutivo, no necesitan una tarea adicional, ni esfuerzos especiales. Ya están hechos. Basta con enviar las correspondientes copias.

Los dos son organismos de control de la gestión pública creados por la Constitución reformada en 1994. La Auditoría, con una conducción donde participa la oposición política y el oficialismo, depende del Congreso de la Nación, mientras la Sindicatura reporta directamente al Poder Ejecutivo.

La realidad de todos los días, donde conseguir datos de la gestión oficial se vuelve imposible, podría ser paliada con la esperada y ansiada Ley de Acceso a la Información Pública. Que debe funcionar en beneficio de cualquier ciudadano, cualquiera sea su cargo, profesión o interés.

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