COLMADO. Gran cantidad de asistentes se registró durante la exposición.

La reforma del Código Tributario pergeñada por el Ejecutivo provincial y avalada por los legisladores afines al oficialismo en la última sesión parlamentaria de 2011, fue puesta sobre el debate anoche, donde predominaron las críticas desde diversos ámbitos y perspectivas que se propiciaron en la sede del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, de nuestra capital.

La oportunidad estaba dada para que el propio Gobierno expusiera abiertamente las razones que motivaron la instrumentación legislativa que desató el rechazo general de las instituciones y entidades colegiadas que no concuerdan con la nueva normativa. Sin embargo, tanto el presidente de la Comisión de Presupuesto del órgano deliberativo tucumano, Ramiro González Navarro, como así también el titular de la Dirección General de Rentas (DGR), Pablo Clavarino, no se hicieron presentes.

"Lamentamos esta ausencia, porque nos hubiera gustado que el debate se desarrolle de una forma amplia. La presencia (de los referentes alperovistas) era necesaria para informar el espíritu de esta ley como así también aclarar aspectos que son bastantes confusos en esta reforma intempestiva", indicó el contador Ricardo Nassif y moderador de la mesa panel conformada para el análisis de la temática en cuestión.

En este sentido, la proyección política estuvo delegada al parlamentario opositor (PRO) Alberto Colombres Garmendia, quien cuestionó el breve lapso de tiempo otorgado para un estudio pormenorizado de la norma. "El debate no se dio en el Poder Legislativo, sino el análisis se realizó en un despacho de la Casa de Gobierno. Incluso, los legisladores oficialistas no tenían idea de lo que se estaba tratando". A su vez, acusó al Gobierno de "reaccionar con mentiras" ante las objeciones sustentadas "ante este atropello", indicó Garmendia.

A su vez, el licenciado Osvalod Meloni, trazó una visión centrada en los perjuicios en la matriz económica que acarrea la aplicación de esta ley. En este sentido, el profesional consideró que la presión tributaria que posibilitó el alperovismo "desalienta la inversión y la producción al no establecer certidumbres proclives a fortalecer la actividad económica, de empleo, pobreza y distribución del ingreso".

Al respecto, Meloni ejemplificó que Tucumán es la quinta provincia con mayor presión fiscal en el país, mientras que el municipio capitalino se ubica en el segundo lugar en este ranking, a nivel departamental. Paralelamente, resaltó que el contexto económico actual (merma de inversiones, precios en baja de commodities y restricción de importaciones) no es el indicado para llevar adelante este tipo de medidas. "No prima la lógica de las instituciones, sino la de la discrecionalidad. Cuando el rey se pasa de rosca con los gastos, los impuestos los pagamos nosotros, los contribuyentes", lanzó Meloni ante el aplauso de un colmado recinto.

A continuación, sentaron la postura jurídica, referentes del ámbito de los letrados.

Leandro Stock, criticó que la reforma aprobada obliga a los jueces a dictar embargos preventivos en favor de la DGR, "se priva así el margen de análisis. Este es un artículo inconstitucional porque el PE asume una función que le corresponde al Poder Judicial. El juez sólo cumple una función testimonial, privado de toda facultad", destacó.

Relacionado a lo anterior, el jurista refirió que la propia Corte Suprema de Justicia de Tucumán emitió sentencia en contra de la DGR, pues sostuvo que dichos embargos necesitan la verosimilitud de derecho, la vigencia de la medida respectiva o un peligro de demora en la operatoria. "Claramente, con la reforma, se sortea el pronunciamiento de la Corte, suscripto diez días antes de aprobada la norma", aludió Stock.

Al encuentro asistieron personalidades de la política refractaria al alperovismo, como ser José Cano, Ariel García, Luis Sacca, José Páez e incluso referentes de la Federación Económica, que había discrepado con otras instituciones en las quejas elevadas al Gobierno.