En cualquier momento, una manifestación “>antiminera” (como son catalogadas en forma genérica las protestas en contra de la contaminación del agua y la tierra) va a cobrarse un muerto. Y no va a ser por contaminación, sino por la acción cruenta de la policía y las FFSS que son enviadas a disolver las manifestaciones populares de quienes pretenden preservar su futuro de los efectos nefastos de la megaminería. Cuando eso ocurra, algunos políticos preferirán nunca haber oído hablar de la minería ni de las empresas que la solventan.

El Intendente de Tinogasta, Hugo Ávila, llegó a las elecciones de octubre con un discurso en contra de la minería. Ni bien asumió, se constituyó en el primer defensor de las empresas extractivas del lugar. Lucía Corpacci, Gobernadora de Catamarca, enmarcó su campaña con una posición fuertemente ambiental y volcada hacia lo que “quería la gente”, es decir la preservación de los recursos naturales y fundamentalmente el agua, bien muy escaso en esa provincia; una vez asumida, le allanó el camino a la Barrick Gold, custodiando los intereses del gobierno nacional que mantiene como política de Estado, la minería a cualquier precio. Hoy Corpacci mandó a reprimir para que el cianuro, el nitrato de amonio y la dinamita, pudieran pasar.

El Gobernador de La Rioja Beder Herrera, dijo en campaña, exactamente lo contrario de lo que hizo a partir de asumir su cargo frente al Ejecutivo y giró 180º en sus argumentos, sosteniendo el negocio minero en Famatina, hasta el momento en que debió retroceder sobre sus pasos, al encontrar que más de 10 mil habitantes (muchos de los cuales lo votaron) pidieron que se vaya. Gioja, gobernador de San Juan, llegó a comparar a los ambientalistas con Hitler, en su afán por defender los negocios de la Barrick.

En Río Negro, el fallecido gobernador Carlos Soria hizo lobby para permitir la anulación de la ley anticianuro, una puerta que necesariamente debe abrir la política para que la megaminería ingrese sin restricciones y Pichetto, virtual gobernador rionegrino en representación de la presidenta, colocó en el poder provincial y el manejo del Ministerio de la Producción (minería incluida) a su hijo, mientras el gobernador títere, Alberto Weretilneck, se apresta a cumplir todas y cada una de las órdenes emanadas del FPV y facilitarle al gobierno nacional la extracción de los recursos naturales de una provincia que comenzará a ser devastada en sus riquezas y contaminada en su salud.

En Chubut, el actual gobernador Martín Buzzi, desarrolla silenciosa, pero eficazmente, una tarea de “concientización” entre intendentes del interior, a quienes condiciona la ayuda financiera a cambio de una actitud flexible ante la minería y en ese sentido busca conformar un cuadro de “apóstoles” que lleve el mensaje pro-minero a cada localidad, con el fin de vencer la resistencia pública y ubicar a la megaminería en una provincia donde es primordial eliminar el escollo legal que lo impide: la ley anticianuro.

Santa Cruz

Nuestra provincia es tal vez la más emblemática en este sentido. Kirchner dejó aquí sentadas las bases del gran negocio minero (no para el Estado, obviamente). El actual Secretario de Estado de Minería, Oscar Vera, es un virtual vocero de las mineras que explotan discrecionalmente minerales en este territorio, de hecho, en el último incidente ocurrido en Manantial Espejo, de Minera Triton, fue él mismo quien salió a justificar a la operadora y desmentir que en la fuga de material contaminante, ocurrida por una rotura del ducto al dique de cola, se hubiera escapado compuesto cianurado.

Vera, que debiera preocuparse por hacerle pagar los errores a la minera, señaló que los sectores ambientalistas intentaron “sembrar pánico” y aclaró (aún antes de que lo hiciera institucionalmente la empresa Triton) “se rompió una cañería y se derramó un poco de líquido, proceso que fue contenido inmediatamente. Apenas se produjo el derrame, el encargado de Medioambiente de Minera Triton, junto con el gerente de la firma, nos informaron que se había roto un caño y que se había producido un derrame de cien metros cúbicos aproximadamente de solución de cero partes por millón de cianuro”.

Luego remarcó “Eso fue lo que nos comentaron (¿?) y luego de informada la novedad empezamos a actuar nosotros, mandamos a buscar las muestras, los análisis químicos, el perímetro de la superficie que abarcó el derrame y el contenido de la solución que se derramó. No hay cianuro porque se destruye antes de que vaya al dique de cola y no hay metales pesados porque las vetas del Manantial Espejo son de baja sulfuración, es decir, no tienen mucho azufre por lo tanto tampoco tienen metales pesados que puedan filtrarse a la solución derramada”.

Se desprende de las palabras de Vera que los controles y verificaciones de los incidentes mineros en la provincia se ejerce más sobre una cuestión de fe, que la estricta aplicación de un protocolo de procedimiento ante la emergencia. “Esto fue lo que nos comentaron…”, dijo el Secretario de Estado de Minería, lo cual reduce todo a la voluntad de la empresa en informar (o no) el incidente y hacerlo en la forma que crea conveniente.

Cuando las empresas que deben ser controladas, son amparadas por el poder político y judicial, difícilmente la gente sea defendida de los efectos silenciosos pero altamente perniciosos que la explotación minera o petrolera indiscriminada, producen, sin otro objetivo que el de generar riquezas en el menor tiempo posible, depreciando el costo ambiental y social que genera el impacto post-minero.

Defensa corporativa

El último invento del gobierno para abroquelar el negocio minero y compatibilizar las acciones conjuntas entre empresas, provincia y nación, es la creación de una “Mesa de Comunicación Minera”, que bajo el ardid de promover en las provincias “programas comunicacionales destinados a informar a las comunidades sobre las características de la actividad minera y su incidencia en el desarrollo productivo y social”, intentan generar una campaña sistemática de “evangelización y control” realizando actividades simuladas de esclarecimiento e información de la actividad, pero recortando (como siempre) la realidad objetiva, a lo estrictamente necesario para que las comunidades no se opongan a la destructiva acción de la megaminería.

Bajo el paraguas de las “inversiones” y la “mano de obra” que aporta la actividad, más el impacto económico directo e indirecto que trae a cada región, el gobierno no duda en contrarrestar el clamor de aquellos que, sencillamente, no se oponen a la minería como tal, sino a que les quiten y contaminen, como en el caso de Famatina, la fuente de agua de la que se provee el pueblo y el cerro donde realizan sus cultivos.

Estos esfuerzos volcados por el gobierno y las empresas, demuestran que ha despertado la conciencia de mucha gente y el miedo de quienes han cerrado millonarios negocios para sus bolsillos, es que estas conductas sean imitadas a lo largo y ancho del país, poniendo en riesgo el salvoconducto brindado por la propia presidenta, cuando de manera emblemática y casi insolente, permitió que la bandera de la Barrick, flameara junto a la nacional en el acto realizado por Gioja en San Juan.

Todo hace pensar que el 2012 no será un año fácil para el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, en materia de conflictos sociales, a partir de la imposición megaminera en distintas regiones de la Argentina. Andalgalá, Famatina, Tinogasta, Esquel, entre otros, son focos generadores de la resistencia pública al atropello, la mentira y la corrupción. Es inexacto el argumento que esgrimen políticos y empresas del sector: la mayoría de la gente no está en contra de la minería, está en contra del saqueo a valores irrisorio, de la contaminación por falta de controles y sanciones, de la corrupción establecida y de la desaparición del agua como elemento vital para la vida; sin embargo, aún cuando esta discusión sobre los recursos se siga dando, o los argumentos sean, como lo plantean los ambientalistas, por problemas de “contaminación”, a las empresas mineras no se les mueve la aguja. A las multinacionales les conviene esta pelea en las calles, antes que la discusión en la mesa, por las bajas regalías que paga: solo un 3%, lo que equivale a llevarse los minerales de nuestro suelo, como si estuvieran en oferta o liquidación. (R. Lasagno/OPI Santa Cruz)