Ayer, la presidenta Cristina Kirchner se refirió en las Naciones Unidas al atentado contra la mutual judía. La única parte que sobrevive de aquella pesquisa es la pista internacional, reconstruida gracias a importantes informaciones aportadas por fuerzas de seguridad extranjeras. Sobre esa base, la mandataria reclamó que Irán se someta a la Justicia. Pero la conexión local fue muy mal investigada y tanto un tribunal oral como la Corte anularon ese tramo de la pesquisa. ¿Se puede decir que, a esta altura, se hizo justicia?

¿No estará pasando algo similar con el caso Candela? Es uno más de otros miles que tienen igual suerte. La muerte de la niña parece haber dado pie a un libreto más propio de una mala novela policial que a una investigación rigurosa. No existe seguridad sobre cómo llegó el ADN de Candela a la supuesta casa donde habría estado secuestrada. No es seguro que haya estado allí. Hay dudas sobre el peritaje. El material genético no coincide con el de cinco imputados. ¿Pagó la niña con su vida una deuda que un familiar suyo tenía con un delincuente? Tal vez la investigación judicial sea rigurosa y correcta, pero no lo parece. Y llama la atención que la policía no pueda esclarecer un crimen que, si bien fue cruel, no fue planteado por sofisticados delincuentes trasnacionales. ¿Qué queda, entonces, para los más complejos?

Por otro lado, ¿qué se sabe hasta ahora del caso Schoklender? El juez Norberto Oyarbide no les abre todo el expediente ni a los fiscales ni a la Auditoría General de la Nación. La hipótesis oficial del Gobierno es que Hebe de Bonafini fue una víctima de Sergio Schoklender, por lo cual ni ella ni la fundación estuvieron involucradas. Y el juez parece avanzar en esa línea. Tal vez haya sido así. Pero ¿nadie es responsable de que los fondos se hayan desviado? Por ahora, en Tribunales nadie se hace esta pregunta.

La jueza Sandra Arroyo Salgado investiga si los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble son hijos de desaparecidos. Hasta hace dos meses, la magistrada tenía un notorio interés en probarlo a través de tres peritajes. Pero repentinamente pisó el freno porque el resultado de los dos primeros cotejos genéticos no dio el resultado que más agrada a Abuelas de Plaza de Mayo y al Gobierno. Como los estudios permitieron concluir que los jóvenes no tienen parentesco alguno con personas desaparecidas en los años 1975 y 1976 -época en la que ellos nacieron-, ahora encontró alguna excusa formal para no avanzar con la tercera y última prueba.

La Justicia, cuando se desentiende de la verdad, escribe un libreto del poder de turno.