A tres semanas de la toma y el desalojo de dos complejos habitacionales en Villa Domínico que dejó en escena la interna que atraviesa el justicialismo de Avellaneda, un grupo de familias desalojadas se manifestó ayer en el palacio municipal para exigir soluciones al intendente Jorge Ferraresi.

Si bien al mediodía hubo una reunión con funcionarios del Ejecutivo, los manifestantes salieron disconformes y plantearon que continuarán allí hasta tanto no obtengan la respuesta que esperan.

“No hubo ninguna solución, no nos responden y no están haciendo nada de lo que dijeron, es todo de palabra”, se quejó en diálogo con Diario del Sur Matías Alarcón, uno de los vecinos que participó del reclamo.

El conflicto se desató hace poco menos de un mes cuando decenas de familias tomaron las construcciones pertenecientes al Plan Federal de Viviendas que ya estaban adjudicadas a sus propietarios y que luego fueron desalojadas por orden judicial.

Desde el inicio corrió la versión que indicaba que, más allá de la situación habitacional, había detrás un armado proveniente de los sectores alineados con el ex intendente y titular del Partido Justicialista (PJ) local, Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera.

En tanto, la medida de protesta se llevó a cabo luego de que el lunes de esta semana se reunieran con el secretario de Gobierno local, Pablo Vera, y no llegaran a ningún acuerdo. El pedido inicial fue que la Comuna le adjudicase viviendas a 15 familias, las consideradas con mayor grado de urgencia. Sin embargo, ese día no hubo avances en ese sentido, con lo cual los vecinos desalojados de los barrios “El relámpago” y “Nueva Ana” decidieron volver a reclamar.

En esta línea, según cuentan, el objetivo es que los reciba el jefe comunal, pero hasta el momento no lo lograron, por eso advirtieron que permanecerán allí hasta lograrlo y lo acusaron de no hacerse cargo de la situación.

“Queremos que (Ferraresi) salga a hablar, cuando quiso los votos salió, pisó el barro y se mojó y ahora no quiere salir a dar la cara”, apuntó el joven, quien además se quejó por la falta de cumplimiento por parte de la administración comunal y los “malos tratos” que recibieron por parte de quienes estaban encargados de realizar un censo entre los que protagonizaron el desalojo.

“Los asistentes sociales le hablan mal a la gente, nos tratan mal y son muy pocos los que hacen su trabajo”, criticaron y adelantaron que no se irán del terreno de la Municipalidad hasta tanto no haya novedades en su favor.