Neuquén> El nuevo bloque de constitucionalidad establecido a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, reafirma un nuevo paradigma para el proceso penal, propio de un modelo acusatorio, con roles perfectamente diferenciados donde encontramos a una parte que acusa (fiscal y/o querellante), otra que se defiende (imputado), y como tercero ajeno a esta disputa directa, el magistrado (juez de garantías), como un tercero imparcial e independiente que observa y responde a las peticiones y planteos.
La Justicia Penal está deslegitimada, sin credibilidad social, con escasa capacidad de respuesta a las demandas de una sociedad que interpela en forma cotidiana al sistema judicial.
La lentitud de los procedimientos, la marginación de las víctimas y el refuerzo de la selectividad del sistema penal y rutinas de trabajo poco transparentes constituyen factores importantes de la deslegitimación. A ellos se agregan el apego al escriturismo, la excesiva burocratización y el reparto inequitativo del trabajo, que tributan a la insatisfacción de los ciudadanos y de los propios operadores.
La visión tradicional del delito y sus efectos, son seriamente cuestionados en la actualidad. Asumir el delito como conflicto, en cambio, da cabida a los protagonistas y permite que, eventualmente, sean los que decidan la forma de resolver sus problemas. Con este proyecto, los ciudadanos partes en el conflicto, contarán con la posibilidad de construir una salida al mismo sea a través de la conciliación o de la mediación, ámbito en los que pueden dar un cierre a la causa satisfaciendo sus mutuos intereses.
En definitiva se procura un sinceramiento entre las normas penales y las prácticas judiciales para que, sea alguien víctima o imputado, ambos resulten considerados respetando su dignidad y dimensión humana. Y que el Estado por su parte, intervenga eficientemente para que todos se sientan confiados en este universo integrado por el Poder que administra Justicia, los auxiliares policiales, y los abogados particulares que los patrocinan.
La reforma penal representa una necesidad política y práctica, pues forma parte de las necesidades cotidianas del hombre común y de las tensiones y contradicciones de la sociedad moderna. Un Código Procesal no es sólo una herramienta técnica al servicio de los operadores judiciales para intervenir frente al delito, es también un instrumento para la gestión de los conflictos y para la protección de los intereses de los propios protagonistas de muchos dramas y tragedias cotidianas. El proceso reformista busca responder a todas estas dimensiones.
(*) Carlos Arias es Presidente del Colegio de Abogados de Neuquén y Richard Trincheri es presidente de la Asociación de Magistrados de Neuquén.
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