"Se han hecho las cosas de una forma muy improlija, no se ha protegido la salud de las personas sino la salud de las obras y las inversiones", con esta frase, el biólogo Raúl Montenegro caracterizó a los procedimientos técnicos, administrativos y políticos que posibilitaron la futura radicación de una planta transformadora de energía eléctrica en calle Ayacucho 266, pleno barrio Sur de la Capital.

En una conferencia de prensa brindada junto a la legisladora Silvia Elías de Pérez (UCR) y un grupo de vecinos auto convocados que se manifiestan en contra de este emprendimiento, el académico, quien fuera el primer argentino en recibir el premio Nobel Alternativo en 2004 (Right Livelihood Award), sostuvo que se presentarían problemas en el organismo de las personas acarreadas por tales construcciones si antes no se realizan controles que tengan en cuenta una serie de parámetros con el objeto de neutralizar posibles incidencias en el estilo de vida de los ciudadanos que tomen contacto casi directo con esta planta.

Al respecto, remarcó que "los campos magnéticos cuando superan cierto valor, denominado estándar precautorio, en el orden de los 0,3 microtesla (unidad de densidad de flujo magnético) pasan a ser un riesgo ya que pueden aumentar, por ejemplo, casos de leucemia infantil hasta 1,7 a 2 veces" en relación a aquellas obras que respeten la valoración descripta. Adujo asimismo, que por tal motivo la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer colocó a los tendidos de radiación no ionizante de frecuencias bajas en el grupo de posibles cancerígenos humanos.

Además, el titular de FUNAM (Fundación para la defensa del ambiente), advirtió que resulta preocupante que los criterios de posibilidades de riesgos aludidos anteriormente, no hayan sido considerados al momento de otorgar la autorización para la concreción de la criticada estructura por parte de la empresa EDET. "Lo que mínimo uno espera es que la legislación sobre lo que establece la evaluación del impacto ambiental se haga con seriedad, esto no es lo que ha ocurrido", aseveró.

En relación a esto último, el profesional estimó que "si hubiera habido interés por la salud, se podría haber hecho un diseño que respetara la buena ciencia y a su vez favoreciera una distribución de la energía eléctrica. Porque hay que dejar en claro que aquí no se está en contra de que haya energía, sino que los grupos técnicos protejan la salud de las personas y a su vez garanticen la distribución de la energía", destacó.

Montenegro se mostró crítico, a su vez, con las justificaciones vertidas por los órganos auditores públicos como así también la empresa encargada de llevar adelante la construcción de la planta, puesto que, según entiende, tales estamentos se valen equivocadamente de una norma (Resolución 77/1998) emitida por la Secretaria de Energía donde se establece un estándar ambiental de 25 microtesla como guarismo mínimo a respetar al momento de encarar una obra de las características de la planta en cuestión. El biólogo postula que adaptarse a lo enunciado por esta resolución es un error, ya que se trata de una norma ambiental, "cuando de lo que se habla son de campos magnéticos que afectan a la salud, por lo tanto, el país no tiene en este momento un estándar para proteger la salud de las personas expuestas", indicó.

Costos de las decisiones

Sin embargo, quien fuera galardonado también con el premio "Global 500 de Naciones Unidas", recordó que la ley de ambiente (25.675) en su artículo cuarto establece el principio precautorio, "es decir que si se encuentra con una tecnología como los campos magnéticos que no son inocuos, pero a su vez se cuenta con posibilidades tecnológicas de cambiar diseños y tecnologías, se aplica el principio de precaución. No tengo por qué exponer a las personas a un campo magnético de riesgo si tengo posibilidades de reducir ese campo. De este modo, se aplica el principio de precaución, pero cuando se empieza a hacer el diseño de la obra y no cuando la gente empieza a protestar", postuló.

Incluso, Montenegro, remarcó que este debate técnico debió ser implementado por los organismos pertinentes en una etapa anterior al tratamiento del impacto ambiental, información que no fuera girada al Concejo Deliberante al momento de avalarse la excepción al Código de Planeamiento Urbano para homologar la construcción de la planta transformadora.

"Cuánto le puede llegar a costar a la sociedad que los mecanismos institucionales estén en defensa de la salud y no tanto a través de las inauguraciones públicas y los negocios corporativos. Cuando las decisiones políticas están muy cerca de los beneficios corporativos, las decisiones se toman aunque afecten a la gente", señaló Montenegro.

Por último, adujo que la solución a este conflicto "la tiene que dar el propio Estado, quien ha cometido los mismos errores de diseño y planteo. El estado tiene que, en función de cuáles son los campos magnéticos generados, ver todos los cambios que tenga que hacer. No me parece sensato que le termine costando, no solamente salud a la gente, sino más dinero, porque si las cosas se hacen bien desde el comienzo, no hay que hacer la obra de nuevo, pero parece ser que no se aprende", lamentó Montenegro.

Vale indicar que todos estos conceptos también fueron vertidos en una disertación que el biólogo llevó a cabo anoche en las instalaciones del Colegio Belgrano, donde, además, despejó las dudas de los vecinos sobre la supuesta peligrosidad que implica esta obra a ejecutar en el casco urbano de la ciudad.