Para el oficialismo, costará 50 millones pagar la publicidad de un año electoral. El radicalismo dice que la Nación puede aportar.
En tanto en el radicalismo la visión es distinta. "No hacemos cálculos de costos porque el gasto publicitario se puede reducir sustancialmente si el Gobierno provincial negocia con el nacional una parte del porcentaje de espacios gratuitos que maneja el Afsca (ex Comfer) para las campañas políticas nacionales". Y no dejan de recordar que en la presentación de su proyecto de reforma institucional, el justicialismo incluyó el financiamiento a la política.
Justicialistas y radicales cruzan acusaciones de estar oponiéndose a iniciativas que en otros momentos propiciaron. Es el caso de la reforma constitucional para la UCR y del financiamiento público de la política para el PJ. En medio de esta discusión, ambas propuestas tambalean.
"El proyecto radical inicialmente le tiró el costo al Estado mendocino. No estamos a favor de que los mendocinos terminen pagando la contratación de espacios para los partidos políticos en los medios audiovisuales", enfatiza Arenas. "En la Nación las campañas por las PASO no tiene costo público ya que el Estado decidió retomar un 10% de su espacio audiovisual y lo distribuyó proporcionalmente entre las fuerzas políticas", enfatizó.
El diputado de la UCR Tadeo García Zalazar recordó que "el proyecto oficial de reforma (institucional) establece en el apartado 12 de la segunda sección el ?deber del Estado de financiar los partidos políticos y las campañas electorales'". Y hace notar que la iniciativa que presentó el Gobierno "asegura que dichos fondos se distribuirán una parte en forma igualitaria entre los partidos y una parte en forma proporcional a los resultados obtenidos por ellos en anteriores elecciones".
Al tiempo que fustigó al PJ que "deberá sincerar su posición y manifestar institucionalmente si está de acuerdo en avanzar con las leyes de reforma política. Hasta ahora lo único que ha mostrado es la intención de modificar la Constitución en pos de que el Gobernador consiga un objetivo personal".
El proyecto de financiamiento de los partidos está incluido en el paquete de leyes que buscan reformar el sistema electoral que se tratará el 5 de diciembre, de acuerdo al compromiso de las tres fuerzas en la Cámara de Diputados, pero el PJ ya anunció que no piensa avalar que el Estado pague las campañas, mientras que desde la UCR se advirtió que si ese punto se excluye, se caen todos porque "no tiene sentido avanzar sólo en parte".
En medio de la discusión entre los dos principales partidos políticos de la provincia, ya existe desde 2002 una ley (7.005) de financiación de la actividad política provincial, aunque está referida a las campañas electorales.
La norma prohíbe la recepción de aportes anónimos; establece un techo para los gastos electorales por partido y prevé multas por violación de disposiciones que triplican los fondos públicos que debía recibir un partido o frente político. También fija que los aportantes privados no podrán contratar con el Estado durante cinco años después de su contribución aunque les reconoce un crédito fiscal del 20% de sus aportes. Y -en un antecedente de las PASO- reglamenta la simultaneidad de las elecciones internas cuando éstas sean abiertas en los partidos políticos.
La normativa actual prevé también la constitución de un"fondo partidario permanente" cuyo monto puede ser fijado anualmente en el Presupuesto. Pero este fondo nunca se concretó hasta el momento, porque ni el Ejecutivo ni la Legislatura le pusieron números durante los debates de los últimos diez años.
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