La seguridad es un arma de doble filo. El presidente francés probó uno de sus lados cortantes con el debate, la controversia y la ola de críticas que levantó su última incursión en el campo de la seguridad. Oposición, policías, asociaciones de defensa de los derechos humanos y voces del mismo campo conservador salieron al paso de la última cruzada de Nicolas Sarkozy contra los gitanos. Basándose en un corto cálculo de matemática electoral, el jefe del Estado francés activó un enésimo plan de lucha contra la criminalidad dirigido específicamente hacia los gitanos rumanos. El eje de esa política, anunciada con bombos y platillos en los medios de comunicación, consistió en la evacuación de los campos de gitanos y la posterior expulsión de éstos a sus países de origen, sea Rumania o Bulgaria. Pero el cálculo restó números en vez de sumar beneficios y Sarkozy chocó contra un frente de impugnaciones que van desde las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la oposición de izquierda, su propio partido, la Iglesia francesa y hasta el mismo papa Benedicto XVI. Lo más relevante de este dispositivo es que encierra en sí mismo una contradicción: las personas deportadas, rumanos y búlgaros, son europeos, oriundos de dos países de la Unión Europea. Su expulsión supone, además, un giro inquietante en un país cuya tradición de solidaridad y de igualitarismo influenciaron en el resto de las naciones del Viejo Continente.

Este martes, la agencia del Consejo de Europa contra la Intolerancia expresó su “decepción ante una evolución particularmente negativa” de la política francesa. El domingo pasado, Christophe Dufour, arzobispo de la localidad de Aix en Provence y testigo impotente de la evacuación de uno de los 90 campos de gitanos que las autoridades llevaron a cabo en las últimas semanas, denunció el “lamentable” discurso político que se articuló en torno de los gitanos. Dufour juzgó que el lenguaje puede dar a entender que “existen poblaciones inferiores”. Con una toma de posición menos ambigua, en la ciudad de Lile –norte de Francia– el padre Arthur le remitió al primer ministro francés, François Fillon, la medalla del mérito con una carta en la que decía que iba “hasta a rezar para que Sarkozy tenga un ataque al corazón”. El papelón presidencial lo completó el Papa. En un encuentro con peregrinos franceses, Benedicto XVI resaltó la necesidad “de saber acoger a las legítimas diversidades humanas”. El filo siguió desgarrando las vestiduras presidenciales. En un clima general de derechización del discurso político y de intolerancia oficial hacia los extranjeros, el ex primer ministro conservador Jean Pierre Ra-ffarin fustigó la “deriva” derechosa del partido presidencial, la UMP. Los ataques se dispararon ahora desde todos los ángulos. No faltó a la cita el enemigo más acérrimo de Nicolas Sarkozy, el ex primer ministro Dominique de Villepin, quien aseguró que las medidas contra los gitanos suponen “una mancha vergonzosa” en la bandera francesa.

La estigmatización de los extranjeros ha sido una línea directora del discurso presidencial. Entre leyes contra el uso de la burka –velo integral–, el debate sobre la identidad nacional y los minaretes, propuestas para retirarles la nacionalidad francesa a los extranjeros naturalizados que cometan crímenes contra las fuerzas de seguridad, lucha contra la inmigración clandestina y una incontable lista de deslices verbales, la cuestión del extranjero se instaló como un estorbo a la esencia francesa. Pero la campaña dirigida contra los gitanos desencadenó también una amenaza de ruptura en el seno de la derecha. El carácter escandalosamente étnico del dispositivo contra la inseguridad se aplica a una comunidad, los gitanos. En este contexto, Christine Boutin, ex ministra del gabinete de Sarkozy y presidenta del Partido Cristiano Demócrata, PCD, amenazó con dejar los rangos del partido presidencial UMP –el PCD está asociado a él– y evocó “un quiebre” con el movimiento sarkozista. Ayer, el primer ministro salió de su silencio. François Fillon resaltó la necesidad de “actuar con firmeza, continuidad y justicia, sin laxismo ni exceso” al tiempo que llamó a no “instrumentalizar el combate contra la inmigración clandestina”. La instrumentalización del extranjero y su responsabilidad en la inseguridad es, sin embargo, responsabilidad exclusiva del presidente. Los fines electorales de la medida no ocultan una realidad cifrada: al mismo tiempo que Sarkozy sale a la arena con un palo en la mano, el presupuesto de 2011 prevé la supresión de 3100 puestos de policía en los próximos tres años. Habrá menos medios y hombres para combatir la delincuencia, pero la proximidad de las elecciones y la persistencia de un electorado que parece vivir en otro planeta harán de la delincuencia y los extranjeros un plato humeante que las urnas devorarán sin piedad.