Las consecuencias de los serios incidentes que azotaron diversas instalaciones del Palacio Municipal el martes sobre el mediodía y dejaron heridos y autos destrozados, podían verse todavía este miércoles en la sede administrativa. Ya no había restos de cristales y piedras esparcidas por el piso, pero la falta de vidrios y las persianas rotas del frente del Municipio, aún daban cuenta de la violencia ejercida por un grupo comandado por Roberto Villaola -dirigente de la Unión de Trabajadores de Pescado y Afines- y Raúl Calamante, de la CTA.

Lo que también estuvo muy presente 24 horas después de la inesperada violenta jornada en la municipalidad fueron las repercusiones políticas que trajo aparejado el descontrol desatado en torno al enfrentamiento gremial.

Así, el radicalismo en conferencia de prensa arremetió contra el intendente Gustavo Pulti y sus responsabilidades, mientras el oficialismo defendió a ultranza no sólo el accionar de la gestión durante los incidentes, sino también su intervención en el conflicto portuario.

El titular del bloque de la Unión Cívica Radical, Nicolás Maiorano, manifestó en primer término su “preocupación” por los hechos violentos, al tiempo que los repudió por no ser “conducentes para resolver los conflictos, ni para generar política”.

No obstante, el rechazo fue también dirigido hacia “la incapacidad de este intendente municipal para resolver los temas que le preocupan a la ciudad y el conflicto que hay en el Puerto”.

La frase fue el comienzo de una serie de cuestionamientos al gobierno comunal y acusaciones varias. Maiorano consideró que los enfrentamientos se podrían haber evitado “si los funcionarios municipales del intendente hubieran estado en el puerto viendo cuáles eran las necesidades de la gente”.

“Nos preocupa que el gabinete no haya resuelto este problema donde se debe resolver, que es en el ámbito portuario, y no hayan contenido a los trabajadores para no llegar a la situación del martes”, remarcó el concejal.

Si bien el radical admitió que la problemática involucra a distintos sectores, que dependen de otras instancias en las que la intervención municipal no resulta concluyente, entendió que la falla de la gestión y en consecuencia el desarrollo de los incidentes, fue “no contener social, económica ni políticamente a los trabajadores”.

“Era obvio que en una cadena productiva donde se corta el ingreso de la principal materia prima, en algún momento la gente que trabaja alrededor de eso iba a sentir su disminución de trabajo y, por ende, tampoco iba a cobrar”, sostuvo Maiorano, mientras agregó que “lo que a todos les parece obvio, el intendente municipal y sus funcionarios políticos no lo supieron ver, y generaron el conflicto”.

En cuanto a la vinculación política entre Villaola y el excandidato a intendente Carlos Cheppi, a la que recurrió el oficialismo, el concejal entendió que el jefe comunal “siempre busca responsables fuera de su gestión”.

Por último, el edil anunció que desde el bloque se le solicitó al presidente del Cuerpo, Ariel Ciano, que pida la presencia de Eduardo Pezzati y Carlos Theiller –titular del Consorcio Portuario y representante de la municipalidad en el mismo, respectivamente- en el Concejo Deliberante, a fin de que brinden explicaciones respeto a las medidas que se llevan a cabo desde el organismo “para que este conflicto termine”. También exigió “que se hagan presentes en Mar del Plata representantes nacionales y provinciales para paliar en lo inmediato las necesidades que está teniendo la gente del puerto”.

“A LA CABEZA”

Por su parte, el oficialismo no demoró en hacerse eco de las declaraciones de la UCR, ni en salir a contestar. El edil de Acción Marplatense Héctor Rosso desmenuzó las críticas del radicalismo y determinó que “el intendente estuvo permanentemente a la cabeza de buscar una solución a esto”.

En esta línea, enumeró que “ha viajado en varias oportunidades a Buenos Aires; mantuvo reuniones con la ministra de Trabajo y el secretario de Trabajo de la Nación; se ha reunido con la gente del Simape en los conflictos anteriores y en el actual y se concretaron encuentros tanto con el sector empresarial como gremial”.

A esto, agregó que “si no hubiera actuado en forma rápida como lo hizo el martes, respecto a defender los bienes municipales y que fuera sin represión, estaríamos hablando de costos mayores”.

En cuanto a la falta de contención expuesta por la oposición, Rosso aseguró que el jefe comunal y la cartera de Producción han realizado gestiones junto al sindicato del sector (el Soip) -que “es el más golpeado en sus ingresos”, según recalcó- para avanzar en “la confección y aplicación de planes de subsidios de desocupación transitorios”. Esto fue confirmado por El Atlántico en diálogo con Cristina Ledesma, titular del Soip (ver aparte).

Rosso precisó que actualmente “se están elaborando listados para que el mismo sea pagado en los próximos días” y añadió que “eso es trabajar concretamente en la coyuntura del día a día de aquella persona que ve menguado sus ingresos porque no puede trabajar”.

Por último, Rosso no consideró necesario que se convoque a Pezzati y Theiller al ámbito deliberativo, ya que “es un elemento que no es conducente a la resolución del conflicto de fondo, porque son funcionarios que no tienen mucho que ver”.

“De hecho, más que una cuestión estatal, es un problema entre privados: entre el sector empresarial y laboral, donde la única injerencia que tiene como arbitraje es el ministerio de Trabajo con sus respectivas delegaciones”, subrayó y señaló que “pedir que vengan a dar explicaciones funcionarios que no tienen una responsabilidad, me parece un absurdo”.

Al concluir, sentenció: “Todo lo que se puede hacer desde la gestión política, el intendente lo ha hecho y también el presidente del consorcio portuario”.

SE DEBATEN LAS RENDICIONES

La sesión ordinaria que el martes fue suspendida por los hechos de público conocimiento, fue reprogramada para este jueves. En la oportunidad, sólo tendría lugar el plenario y no la sesión especial en la que se iban a abordar la rendición de cuentas de la administración central y los entes descentralizados, aunque el debate se produjo de todas formas.

Es que tal como explicó en su edición del miércoles este medio, pasados 60 días de su ingreso al Concejo Deliberante, la Ley Orgánica de las Municipalidades (y otras normas también) establece la aprobación automática de los expedientes en cuestión. El plazo se cumplió el mismo martes.

No obstante, el oficialismo se encargaría de introducir el tema en la sesión, a fin de dar la discusión correspondiente. Posiblemente lo hará a partir de una cuestión previa y, sin duda, desatará que la oposición dé rienda suelta a las críticas que ya ha expresado públicamente en los últimos días, en cuanto al déficit de las cuentas municipales que existe desde su perspectiva.

Finalizado este debate, tendría lugar la sesión ordinaria en sí, donde se pondría en tratamiento -entre otros puntos- la posibilidad de demoler el monumento donado por la Armada Argentina durante la dictadura cívico militar, y ubicado en Plaza San Martín. Esto podría atraer a los reivindicadores de la época más oscura y sangrienta de nuestro país para manifestarse, ya que el martes se los divisó propinando insultos en las puertas del Municipio.