Legisladores nacionales del radicalismo y GEN-FAP respaldaron ayer las críticas de sus colegas provinciales y la de organizaciones de abogados a la reforma del Consejo de la Magistratura provincial que impulsa el Frente para la Victoria. Los opositores advirtieron que las modificaciones a ese organismo “afectarán la independencia de la Justicia”.
Por su parte, Margarita Stolbizer (Gen-FAP) indicó que la postura de la oposición contra la reforma, que tiene sanción del Senado provincial y ahora está en la Cámara baja, es “una actividad que intenta tener un efecto preventivo y disuasivo”, y exhortó al kirchnerismo a que “desista de avanzar con este proyecto”.
En la conferencia de prensa estuvieron también presentes Victoria Donda (Libres del Sur), Gerardo Milman (GEN), María Luisa Storani y Juan Tunessi (UCR), los senadores bonaerenses Carlos Fernández (UCR) y Ricardo Vázquez (GEN); la presidenta de la convención de la UCR, Lilia Stubrin; y dirigentes de organizaciones de abogados, entre otros.
El presidente del Colegio de Abogados de la Provincia, Bienvenido Rodríguez Basalo, manifestó la necesidad de “alertar a la comunidad de que la reforma que se propone es un atropello de la independencia de la Justicia en la provincia de Buenos Aires”.
Según Rodríguez Basalo, la modificación “empeoraría el equilibrio (en la composición del Consejo bonaerense) que ya no se da a favor del poder político”, a la vez que advirtió que “es un absurdo constitucional que un juez pueda ser separado sólo por una denuncia”, y reclamó al oficialismo que “se maneje dentro de los parámetros que fija la Constitución provincial”.
Además, el representante de los abogados porteños en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Alejandro Fargosi, se sumó ayer a las críticas a las reformas en el Consejo de la Magistratura bonaerense impulsadas por el oficialista Frente para la Victoria (FpV). Fargosi consideró que es un “atropello a la Justicia” y reclamó al kirchnerismo someterse “a los controles de la democracia y dejar de pretender una Justicia funcional a sus intereses”.
La reforma, aprobada por el Senado y girada a Diputados para su tratamiento, propone que para la confección de las ternas de jueces, fiscales y defensores se aplique un sistema de puntaje (con examen escrito) y una evaluación psicológica psiquiátrica de los postulantes.
Reduce de 18 a 17 el número de miembros y dispone que el presidente del Consejo de la Magistratura permanezca en sus funciones por dos años y la conducción sea rotativa por un representante de cada estamento que lo compone, cuando actualmente siempre lo condujo el representante de la Suprema Corte.
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