A pocos días de su ingreso formal al Senado, el proyecto impulsado por el gobierno bonaerense para crear el cuerpo de Policía Judicial ya se instaló en medio del debate, luego de que legisladores de la oposición y organismos de Derechos Humanos reclamaran modificaciones al texto enviado por el Ejecutivo para incrementar los mecanismos de control y garantizar que el ingreso sea a través de concursos públicos.
En ese marco, legisladores del oficialismo salieron ayer a ratificar que la iniciativa enviada sí contempla el mecanismo de concurso público para la designación de los miembros de la Policía Judicial, un cuerpo integrado por civiles que se ocupará de la investigación de delitos complejos, una tarea que en la actualidad está en manos de la Policía Bonaerense.
El contrapunto marcó el inicio del debate en torno al proyecto que giró al Senado la semana pasada el Ejecutivo que apunta a poner en marcha una fuerza civil, integrada por especialistas y peritos que dependerá de la Procuración General de la Corte, tal como está contemplado en la Constitución bonaerense desde 1994.
Los cuestionamientos surgieron de un encuentro que mantuvieron los senadores del FAP con el director de la Comisión por la Memoria, Alejandro Mosquera, en el que se cuestionaron las modificaciones que el Ejecutivo bonaerense incluyó en el proyecto original redactado por ese organismo de Derechos Humanos.
"Nosotros planteamos en primer lugar la necesidad del cumplimiento constitucional y sostenemos nuestro proyecto original. Queremos que todos los cargos sean nombrados por concurso sin excepción", dijo Mosquera.
El titular del bloque del FAP, Ricardo Vázquez, hizo un planteo similar. "Nosotros queremos reafirmar el proyecto original de la Comisión por la Memoria. Tenemos inquietudes con respecto de la duración del mandato de los funcionarios, con la autonomía y con los organismos de control que no están el proyecto oficial y sí están en la iniciativa de la Comisión. Estos organismos de control para nosotros son sustanciales para la vigencia y eficacia de la implementación de este cuerpo en el futuro", dijo.
Esos planteos tuvieron ayer una réplica desde el oficialismo. El diputado del Frente para la Victoria Iván Budassi salió a defender la iniciativa tal como fue enviada por el Ejecutivo, al sostener que busca "profesionalizar la investigación y contar con nuevas herramientas para combatir el crimen organizado".
En ese marco, Budassi subrayó que "para garantizar además la profesionalización de quienes la compongan, el proyecto contempla crear un instituto encargado de la formación permanente, y el proceso de selección para componerla será a través de concursos públicos, transparentes y abiertos a la participación ciudadana".
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