Esto se produce tras la presentación realizada ante la Justicia Electoral por asambleístas anti mineros, que juntaron firmas para buscar destituir a la actual diputada provincial por Famatina, ya que rechazan que esta apoye el desarrollo de la actividad.
Dice textualmente el comunicado del bloque del PJ de la Camara de Diputados:
“El bloque justicialista de la Cámara de Diputados de la Provincia manifiesta su apoyo solidario a la diputada por el departamento Famatina, Adriana Olima, en relación a la petición de revocatoria de su mandato que fuera realizada por ciudadanos de su distrito haciendo uso del procedimiento constitucional de revocatoria popular”.
“Consideramos tal petición un verdadero atropello a los principios democráticos que sustentamos y por los que trabajamos para preservar y fortalecer; como también vemos en este accionar un ejercicio excesivo del derecho a peticionar, dado que no puede agazaparse detrás de tan cara potestad la deleznable intención de presionar, perseguir y/o extorsionar a un legislador para que cercene sus ideas o la expresión de las mismas por miedo a las consecuencias o represalias que puedan tomarse en su contra o la de atentar lisa y llanamente contra el pluralismo que debe imperar en una sociedad democrática como la nuestra”.
“Finalmente, cabe poner de resalto que la herramienta constitucional a la que acuden los peticionantes (revocatoria popular) no fue concebida ni debe ser usada para coartar la libertad de opinión de un legislador, la libertad ésta garantizada por nuestra carta magna provincial a todo legislador a través de la inmunidad de opinión, prerrogativa que resulta esencial e imprescindible para el cabal y libre desempeño de su cargo”.
La UCR avala el pedido de revocatoria
La diputada nacional por el radicalismo, Inés Brizuela y Doria, aseguró que es legal y legítimo el Instituto de Revocatoria Popular, con el que hace días ciudadanos del departamento Famatina concurrieron a la Justicia Electoral de La Rioja.
No dudó en calificarla como una “herramienta fantástica” de la democracia, tras lamentar que desde distintos sectores del gobierno provincial hayan puesto en tela de juicio su legitimidad y constitucionalidad.
La legisladora recordó que la ley reglamentaría de la Revocatoria (N° 5989) que, empleados y funcionarios consideraron “inconstitucional” y “contradictoria”, fue firmada por el mismo gobernador Luis Beder Herrera, cuando entonces era vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados de la provincia.
“Es realmente inaceptable que un instituto que ellos mismos incorporaron en la Constitución como legítimos representantes del pueblo, ahora cuando ese mismo pueblo lo quiere utilizar, se dan cuenta que es inconstitucional”.
Brizuela y Doria defendió como un “acto de conciencia cívica” la presentación que hicieron los famatinenses con 1.002 firmas, motivados por el desacuerdo con el accionar de la diputada Olima, a favor de la política minera del gobierno.
Y opinó sobre el espíritu de esta herramienta: “Lo que el legislador quiso al incorporar el instituto, fue justamente custodiar y proteger la soberanía popular ante cualquier desvío en que pudieran incurrir aquellos representantes que, si bien fueron elegidos legítimamente, perdieron legitimidad en el ejercicio del poder que el pueblo le prestó”.
Luego, la legisladora radical se preguntó a qué le teme realmente un gobierno que utiliza como bandera la “voluntad popular”, y los exhortó a que “dejen que la voluntad del pueblo de Famatina se exprese libremente, y disipemos las dudas sobre si Olima representa o no, al pueblo al que pertenece la banca que ocupa”.
Dirigiéndose a los funcionarios provinciales, pidió que “no le tengan miedo al pueblo”. Y en referencia a quienes opinaron que la revocatoria podría utilizarse para eliminar a la “verdadera oposición”, aclaró: “Nosotros no tenemos miedo a este tipo de herramientas, porque hace más de 30 años venimos escuchando el slogan de que el pueblo no se equivoca. Estamos tranquilos”.


Comentá la nota