Sin embargo, su intento quedó en eso, dado el rechazo al proyecto en la votación, gracias a la mayoría de votos del PJ y el bloque de Comunidad Organizada.

Este año, el municipio subió el precio del boleto de 1,90 a 2,50 pesos, pero el Frepam denunció en la Justicia que dicha suba fue irregular y no se ajustó el cálculo de la fórmula polinómica como había afirmado el intendente Luis Larrañaga y el secretario de Obras Públicas, Javier Schlegel.

Esta semana, los concejales opositores -querellantes en la causa- dieron a conocer que una pericia ordenada por el fiscal de la causa había determinado que el boleto debía costar 2,25, es decir, 25 centavos menos. Ese mismo número había surgido de una estimación propia del bloque opositor realizada antes de presentar la denuncia y por la cual ya habían solicitado a Larrañaga que reviera el incremento.

Renuncia.

En el debate del proyecto, cuando el mismo ya había sido rechazado por el oficialismo, el radical Marcos Cuelle fustigó al PJ por no ponerse a favor del vecino ahora que la duda sobre la tarifa provenía de una pericia judicial y, por lo tanto, imparcial. Guillermo Di Liscia, otro opositor, recordó que si se continúa con la tarifa actual, sobre la base de un cálculo erróneo, luego se continuará insistiendo en el error cuando se vuelva a incrementar la tarifa en base a los números vigentes.

Incluso afirmó que varios funcionarios comunales se excusaron de participar en el expediente que en su momento impuso el aumento porque temían que trajera problemas y hasta aseguró que hubo una renuncia por el hecho. Si bien no lo dijo, para el Frepam la salida del abogado Juan Chirino del cargo de Director de Asuntos Jurídicos tuvo que ver, al menos en parte, con el acuerdo tarifario suscripto entre Plaza y la comuna.

El oficialista Juan Mecca defendió el rechazo a la petición opositora con el argumento que la pericia judicial a la que refería el Frepam sólo estaba en conocimiento de ese bloque y no del resto de los ediles del cuerpo. Además defendió la actuación del gobierno comunal en cuanto al servicio de colectivos urbanos, si bien reconoció las deficiencias que tiene la prestación, por las cuales ya habían sido convocados al CD los funcionarios encargados de controlar a la empresa y la propia transportista.

Pavimento.

Otra de las polémicas de anoche se produjo en torno a un pedido de informes que elaboraron Cuelle, Di Liscia, María Cecilia Roigé y Félix Villatoro vinculado con la utilización de maquinarias y personal de la Municipalidad de Santa Rosa (MSR) en el predio del nuevo autódromo, ubicado en el ejido de Toay. ¿Qué preguntaban? Cuál era el plan de obras y presupuesto que se había ejecutado o se estaba ejecutando en jurisdicciones ajenas a su ejido; si existían convenios celebrados para tales fines (y, en ese caso, que se remitieran las copias al CD); a qué dependencias pertenecían los empleados afectados a esas obras y si el personal contaba con un seguro laboral.

El PJ lo rechazó, junto a la concejala de Comunidad Organizada (CO), Viviana Rodríguez, pero en silencio.

Más tarde, cuando se trató el orden del día el Frepam volvió sobre el tema pero esta vez para justificar su rechazo en particular de los proyectos de ordenanza que aprobaban obras de asfalto en la ciudad. Di Liscia fue el encargado de explicar esa posición de su bloque. Adujo que tenían la sospecha de que la comuna cobraba mucho más caro el asfalto a los vecinos que lo que se lo había facturado a la provincia para la obra complementaria del nuevo autódromo, donde construyó mil metros de pavimento, según Di Liscia, con un presupuesto de 370 mil pesos.

El socialista adelantó que pedirían informes en los próximos días sobre el valor del asfalto puesto que, según sus cuentas, la comuna cobra 120 mil pesos la cuadra de asfalto a los vecinos de la ciudad, mientras que le facturó 37 mil pesos los cien metros a la provincia.

"O a la provincia le estamos cobrando muy barato el asfalto o a los vecinos le estamos cobrando muy caro", dijo. Antes de cerrar su alocución dejó abierta la posibilidad a que sus cálculos estuvieran equivocados e insistió en la necesidad de conocer el plan de obras de la comuna en el autódromo.

Lenguaje no sexista

En la sesión del jueves ingresó al cuerpo deliberativo el proyecto de ordenanza de la concejala Cecilia Roigé que promueve la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito del Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante. La fregenista hizo notar que, por ejemplo, la secretaria del CD, Susana García, llamaba concejal en lugar de concejalas a las edilas, del mismo modo que en el Ejecutivo la directora de Personal tenía un sello que decía "director", invisibilizando su condición de mujer.

El presidente del cuerpo, Angel Baraybar, mostró un síntoma de resistencia al cambio propuesto y le preguntó a la autora de la iniciativa si existía la palabra "concejala" en el diccionario de la Real Academia Española (RAE).

Tras una breve respuesta de la edila donde refirió a las resistencias que muchas veces plantea la RAE a los cambios en el lenguaje, la que tomó la palabra fue Mariela Cabreros (PJ). "Voy a hablar como miembra del Concejo Deliberante...", comenzó para luego realizar una encendida defensa del lenguaje no sexista, a la par de alegar contra el modelo patriarcal que subsistente.

"El lenguaje contribuye a modificar la visión de la realidad, pensamos con palabras", dijo Cabreros, quien propuso varias maneras para facilitar el empleo del lenguaje no sexista en los textos emanados por los poderes Ejecutivo y Legislativo. "Quizá para la ciudadanía santarroseña no sea tan importante pero siempre es necesario dar el primer paso", concluyó Roigé.