PARIS.- El Parlamento Europeo pidió ayer enérgicamente a Francia "suspender de inmediato" las expulsiones de gitanos, pero el ministro de Inmigración, Eric Besson, rechazó esa demanda y reafirmó que continuarán las deportaciones.

"Quiero que quede claro: Francia no tiene ninguna intención de suspender las expulsiones, ya se trate de rumanos, búlgaros o de cualquier otra nacionalidad", declaró, desafiante, Besson. "El Parlamento Europeo se extralimitó en sus prerrogativas y no tenemos intención de someternos a un diktat político", agregó.

La resolución del Parlamento Europeo -presentada por socialistas, liberales, verdes y comunistas- fue votada horas después de que Besson y el ministro de Asuntos Europeos francés, Pierre Lellouch, llegaran a Bucarest para convencer al gobierno rumano de lanzar "un plan de urgencia" para integrar a los romaníes (gitanos de Europa oriental) en su territorio natal, a fin de evitar la migración.

"Francia pide a Rumania que asuma compromisos sobre cooperación policial y judicial, lucha contra el tráfico de seres humanos e integración de los romaníes, en el marco de un plan nacional de urgencia 2010-2013", explicó Lellouch, a su arribo. "Tenemos una hoja de ruta; hemos hecho propuestas, pero las cosas no avanzan", se lamentó, antes de reunirse con el primer ministro rumano, Emil Boc, y con el canciller Teodor Baconschi.

Después de los encuentros, ambos gobiernos asumieron públicamente ese compromiso y prometieron "poner fin a polémicas estériles", según afirmó Baconschi.

Tras varias semanas de declaraciones agridulces entre ambas capitales, el tono parecía haber bajado de intensidad, a pesar de las veladas amenazas lanzadas por Lellouch poco antes del viaje. En una entrevista concedida al diario Le Monde , el ministro había advertido veladamente que Francia podría vetar la entrada de Rumania al espacio Schengen, que autoriza la libre circulación de personas entre ciertos países de la Unión Europea (UE), donde ya no existen barreras físicas en las fronteras. "Si Rumania no presenta un plan de integración de los romaníes, deberá pagar las consecuencias", había declarado.

Rumania cuenta con la mayor comunidad gitana de Europa, estimada entre 530.000 y 2,5 millones de miembros. La gran mayoría vive en un marco de extrema pobreza y tropiezan con enormes dificultades para integrarse al mercado de trabajo.

De los 500 millones de habitantes de la UE, entre 10 y 12 millones son romaníes. Los gitanos constituyen la primera minoría étnica del continente. Diseminada en la mayoría de los 27 Estados, esa comunidad plantea problemas específicos por su nomadismo. La UE nunca consiguió adoptar una política común para reglamentar su circulación y residencia.

Haciendo una dudosa amalgama entre aumento de la delincuencia e inmigración, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y su gobierno lanzaron a mediados de julio una campaña de desmantelamiento de aproximadamente 600 campamentos de gitanos indocumentados en menos de tres meses y deportaron a más de 1000 personas hacia sus países de origen, en particular hacia Rumania.

"Escandalizados"

Esa decisión provocó una ola de condenas internacionales que incluyó al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Vaticano. Con los ojos puestos en su reelección en 2012, Sarkozy parece decidido a persistir, teniendo en cuenta que el 65% de los franceses aprueban los desmantelamientos y las expulsiones.

"La retórica política actual contra los romaníes es similar a los términos usados por los nazis y los fachistas", afirmó Thomas Hammarberg, comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Lellouch se declaró "sorprendido y escandalizado" por esos propósitos e indicó que París "pedirá explicaciones".

Francia sostiene que los desmantelamientos de campamentos y deportaciones se realizan en el estricto marco de las leyes francesas y las reglamentaciones europeas.

La política de deportación de Francia no comenzó ahora: más de 8000 gitanos fueron expulsados de sus campamentos este año y, en 2009, hubo 9875 repatriaciones.

Alrededor de 15.000 roms viven en Francia. Según estipulan las leyes de libertad de movimiento de la UE, cualquiera de ellos puede permanecer legalmente durante tres meses, antes de ser pasibles de deportación si no pueden justificar una residencia permanente e ingresos legales.