Primero fue el fiscal municipal de Rawson, Juan José Victoria, en representación de la gestión del intendente Juan Carlos Gioja, el que presentó una denuncia penal cuestionando la administración que llevaron adelante Mauricio Ibarra y Gustavo Rojas en ese departamento. Y ahora los concejales ibarristas fueron a la Justicia para acusar que el jefe comunal y el fiscal estarían cometiendo delitos por la presunta designación irregular de Victoria. Gioja respondió que fue puesto en funciones con aprobación del Concejo Deliberante. Y los ediles sostienen que ellos no avalaron ningún nombramiento. La discusión se da en un municipio en el que hasta diciembre pasado gobernaron los ibarristas, pero que los giojistas, de la mano del hermano del Gobernador, lograron sumar para su haber.

El nuevo cruce comenzó cuando el jueves pasado, tras una auditoría realizada con posterioridad al cambio de mando en la comuna, se detectaron irregularidades tales como que faltaba documentación para determinar el trabajo que cumplían los becarios, que habían dudas sobre la legalidad del control en la contratación de camiones y que el personal de la empresa que mantenía el alumbrado público no tenía seguro.

El fiscal no apuntó contra nadie con nombre y apellido, pero pidió que se abra la investigación y que sea la Justicia la que establezca quiénes son los responsables. Como resultado de la auditoría, efectuó una denuncia penal en la Fiscalía de Instrucción Nro. 4 por la presunta comisión de los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario.

En el medio, Rojas respondió que ‘estoy tranquilo porque el municipio tenía todas las presentaciones al día en el Tribunal de Cuentas‘. E Ibarra se jactó de que su Gobierno ‘ha sido uno de los más transparentes que ha existido en la historia de esta provincia‘.

Pero no todo quedó ahí. El intendente Gioja le contestó que ‘antes de andar haciendo declaraciones, lo mejor es que vaya a aclarar la situación ante la Justicia‘.

Es porque Ibarra tiene, además, una causa en la Justicia Federal en la que fue denunciado por el Sindicato Municipal por la presunta evasión de aportes de los becarios municipales.

Pero ayer los ibarristas decidieron avanzar un paso más en el enfrentamiento con el oficialismo en el municipio. Fue así que radicaron una denuncia penal en la Fiscalía Correccional Nro. 1, a cargo interinamente de Daniel Guillen. Acusan al intendente Gioja y al fiscal municipal de cometer los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es porque Victoria no tendría domicilio en Rawson, tal como establece el artículo 88 de la Carta Orgánica Municipal, y que por lo tanto su designación estaría viciada de nulidad. Como prueba acompañaron una certificación de la Secretaría Electoral que consigna que Victoria tiene domicilio en Capital.

La concejal Acosta dijo que ‘Victoria es un concejal trucho porque no cumple con los requisitos fijados en la Carta municipal. Y Poblete agregó que ‘el fiscal no estaba habilitado para pedir una investigación‘.

Como respuesta, desde el municipio dieron a conocer que Victoria no está ocupando el lugar del fiscal municipal, según lo establece la Carta Orgánica, sino que está a cargo de la defensa del patrimonio municipal en forma ‘interina‘. Y que fue designado por ordenanza votada por ‘unanimidad‘, según dijo Victoria.

La ordenanza en la que se crea el cargo de ‘fiscal general‘ es la 5880, del 14 de diciembre del año pasado. En el artículo tercero facultan al Poder Ejecutivo Municipal a designar en forma ‘transitoria‘ y hasta tanto se haga efectiva la designación del fiscal municipal de ‘un funcionario con la denominación de fiscal general‘. Y le da las atribuciones previstas en la Carga Orgánica, que son la defensa del patrimonio municipal y la intervención en todos los juicios en los que el municipio sea parte.

Pero los concejales de Producción y Trabajo sostienen que no dieron consentimiento para aprobar ninguna ordenanza.

Tras la denuncia de los ibarristas, el fiscal Guillen puede requerir que se avance en la instrucción de la causa o mandarla a archivo si considera que no hay elementos como para sostener la denuncia.