Funcionarios municipales de Perico intentaron minimizar la responsabilidad que le cabe al intendente Rolando Ficoseco en los serios incidentes producidos el miércoles de la semana pasada, cuando una mujer fue "arrastrada" por el vehículo en el que se trasladaba el jefe comunal que no detuvo nunca su marcha. En un intento por defender a su jefe, apelaron a un argumento muy conocido: demonizar a la víctima.
El jefe de Gabinete de la comuna de Perico, Gustavo Bandi; el apoderado Miguel Burgos y el director de Prensa, César Rodríguez, le dijeron a El Tribuno de Jujuy que la víctima identificada como Adelina de Arrueta y sus familiares habrían sido protagonistas de "situaciones de violencia contra los arrendatarios" de la finca El Pongo "para quedarse con las tierras en cuestión". Los funcionarios admitieron que la familia Arrueta ocupa esas tierras desde hace más de cincuenta años y que está a la espera de una definición en el juicio de posesión veinteñal que iniciaron tiempo atrás. Entonces hasta que la justicia no se expida en tal sentido, el municipio no puede entregar nada a los ocupas que están instalados en los predios que los Arrueta consideran propios.
Bandi, Burgos y Rodríguez dieron su versión de los hechos acaecidos la semana pasada que concluyeron con la internación de Adelina Arrueta en el nosocomio periqueño. Señalaron que los incidentes se sucedieron después de un acto del que participó el intendente Ficoseco y familias, donde se analizó la construcción de 100 viviendas en el predio contemplado en el programa "Un lote para cada familia que lo necesita". El lugar en cuestión es la cabecera norte de la avenida Urquiza. En ese encuentro, las partes debatieron y propusieron sus puntos de vista ante la futura obra, acordando los puntos a través de un acta "en un clima de armonía". Cuando comenzaron a retirarse del lugar, los Arrueta increparon al intendente Ficoseco "con insultos, amenazas, donde se desató una situación inusitada", según relataron los funcionarios. Sobre los daños padecidos por la víctima Adelina Arrueta, señalaron que "no es como ellos dicen", minimizando las graves heridas que sufrió la mujer. Dijeron tener testigos para certificar sus argumentos. También descartaron reuniones con autoridades provinciales al sostener que los incidentes "se enmarcan dentro de amenazas". De todas maneras confirmaron que las obras comenzarán a ejecutarse en el predio que está en litigio judicial y adelantaron que pedirán custodia policial.
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