Díaz pedirá explicaciones por apremios ilegales. Quejas de familiares de policías detenidos.
En principio, Díaz explicó la presencia allí del abogado Heredia e indicó que su visita no estaba vinculada al caso Solano sino a denuncias recibidas "por presuntos apremios ilegales y torturas por parte de la policía".
Se refirió a las 98 denuncias de ese tipo desde 2007 a la fecha indicando que "nos llama la atención que no han tenido curso estos expedientes. Es una situación que preocupa sobremanera. Se pidió la resolución de avocamiento de oficio, porque en la pasada semana en Choele Choel recibimos a diez personas que indicaron que había entre ellos dos personas que recibieron malos tratos y que fueron sacados de un boliche de manera intempestiva y recibieron estos malos tratos con métodos que se utilizaron en la última dictadura militar. El relato de estos jóvenes fue bastante escalofriante porque fue una clase de cómo torturar."
Díaz confirmó que de los 98 casos, los dos últimos ocurrieron en Beltrán hace poco tiempo.
Dijo que, además, se pidieron informes a las fiscalías 1 y 2, "para que se expidan sobre las denuncias que han recibido y cómo se encuentran los expedientes y un informe a la auditoría del Poder Judicial para saber si se controlaron estos casos dentro del Juzgado 30 donde fueron recibidas las denuncias".
Por esas denuncias se reunirán hoy con el jefe de la Policía, Ariel Gallinger, y ampliarán los informes al presidente del Consejo de la Magistratura, a la procuradora General, al presidente del Superior Tribunal de Justicia, al ministerio de Gobierno y a los intendentes del Valle Medio "para comunicarles lo que hemos visto en estas 160 denuncias que recibimos en nuestra visita", apuntó.
Heredia dijo que "esto no tiene nada que ver con el caso Solano, pero el caso Solano es la máxima expresión de la violencia policial, porque ustedes tienen siete policías procesados". Añadió que "se debe hacer un análisis de los 98 casos, pero eso no significa que no hay otros policías que no fueran denunciados por otros delitos. En estos casos no hay policías procesados y aquí no hay igualdad ante la ley, aquí hay una mafia policial-judicial", dijo. Como ejemplo, citó que "uno de los policías imputados en el Caso Solano tiene una condena firme de cuatro años de inhabilitación y dos de prisión, si se hubiera actuado como el gobernador actuó con otro policía hoy no estaríamos hablando del caso Solano".
En relación con el último caso denunciado, Heredia dijo que "aplicar picana altera la dignidad de la institución y lo más lamentable del caso es que la policía que aplica picana, es hija de uno de los policías imputados".
En ese instante los gritos no permitían escuchar lo que se hablaba dentro de la Sala de Reuniones del Concejo Deliberante y de golpe se abrió la puerta ingresando al recinto familiares de los policías detenidos, entre ellos la madre de la policía a la que Heredia hacía referencia.
"Este señor no tiene ningún derecho de venir a ensuciar a mi hija, ¿usted sabe lo que está haciendo con mi hija?", le gritó la mujer ante la sorpresa de los presentes.
Los gritos y acusaciones hacia Heredia y Díaz ganaron la sala. Los familiares se mostraron molestos "porque no nos permitieron entrar" y siguieron por varios minutos que se tornaron interminables hasta que Díaz pudo encauzar la reunión nuevamente.
En ese momento también ingresaron a la sala familiares y amigos de Daniel Solano.
Allí, el coordinador de la conferencia de prensa por la Defensoría del Pueblo, Miguel Roa, explicó que "la reunión era informativa para los medios regionales y no para otras personas", y dirigiéndose a los familiares de los policías les dijo que "si quieren luego pueden pedir hablar con la doctora Díaz, aunque ella ya lo ha hecho en dos oportunidades la semana pasada".
Díaz les pidió tiempo "hasta la semana que viene porque son 160 casos que tengo que evaluar y después les informaré también a ustedes".
Cuando los ánimos se calmaron la conferencia continuó, y la defensora expresó que "apenas tenga todo resuelto se los haré conocer".
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