Con un puñado de militancia afín al gobernador en las gradas y cerca de una treintena de policías en la puerta, sin que existiera un solo manifestante, los 24 diputados sesionaron en un ambiente donde la tensión era palpable.

Por reglamento, del proyecto ayer correspondía sólo su lectura por mesa de entrada y el pase a comisiones, pero sorpresivamente fue el diputado Martín Paiva quien pidió se lo deje en reserva para su tratamiento.

Llegado el momento del tratamiento sobre tablas, el legislador realizó un extenso y durísimo discurso en contra del Gobierno Provincial, acusando al gobernador de querer “hipotecar el futuro de la provincia”. Mientras hablaba, debió soportar en varios pasajes, silbidos y abucheos de los militantes ubicados en las gradas del recinto.

Paiva comenzó diciendo que el tema, a su entender, “debe ser debatido, no se puede postergar”, sobre todo ante los dichos del gobernador que “nos pidió que demos explicaciones y argumentos de nuestra posición sobre el empréstito y que lo hagamos de cara a la sociedad”.

Según el legislador el gobernador “pide un cheque de mil millones de pesos” y “superpoderes” cuando “ha mostrado su incapacidad para administrar con responsabilidad y transparencia”.

Sostuvo que si bien se aprobó un presupuesto con 1.500 millones de pesos de déficit, dijo que “si el ejecutado no supera los 9.000 millones no se justifica ningún endeudamiento”, por lo que a su entender “el ejecutado no alcanzará los 7.000 millones y además debería producirse un ahorro muy importante si se alcanza los ingresos presupuestados”.

Recordó que “en febrero de este año” denunció que el gobernador tiene una “clara intención de obtener superpoderes y anular la Legislatura” y dijo que el pedido de emisión de títulos “es un claro ejemplo de eso”.

Sostuvo el legislador que el problema de Santa Cruz no es estructural, sino que hace 5 años se gestiona para la coyuntura, y dijo que “no es desde la victimización sino haciéndose cargo” que se resuelven los problemas, y calificó al pedido de endeudamiento “otro parche”, por lo que dijo que su deber como diputado es “poner un límite a estos intentos que condicionan el futuro de los santacruceños”.

“Los intereses de la provincia deben ser custodiados y defendidos” dijo Paiva, y agregó: “Santa Cruz se financia con endeudamientos, con adelantos de regalías, con la Ley Fuco o con ingresos extraordinarios en la minería que no pudieron garantizar su cobro”, por lo que sostuvo que “la improvisación y carencia de gestión atentan contra el futuro de la provincia y busca responsabilizarnos a los diputados. Se no piden ideas y aportes” pero, dijo, “no es con bravuconadas que se resuelven los problemas, sino con ideas, políticas y construyendo consensos”.

Al culminar su exposición, tanto la diputada Selsa Hernández como el diputado Rubén Contreras pidieron la palabra, Cotillo se la cedió al presidente del Bloque, quien hizo una moción de orden para cerrar el debate y votar el pase a comisiones del proyecto, lo que dejó sin posibilidad de expresión a la legisladora de Puerto Deseado.

Sometida a votación la moción de orden, fue aprobada por los diputados y el proyecto pasó a las comisiones parlamentarias para “un estudio más amplio”, por lo que será debatido en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General.

Con el proyecto en comisiones, ahora es un interrogante cuándo podría ser tratado. Si fuera abordado en las próximas reuniones de comisiones parlamentarias cabe la posibilidad de que pueda ser tratado, con despacho, el 27 de septiembre si se pide sobre tablas, o formar parte del temario ordinario del 11 de octubre.

Pero en los pasillos de la Legislatura, molestos por las acusaciones proferidas por el gobernador en el día de ayer, dieron a entender que la ley podría pasar “un largo e indefinido período” en “análisis” y así no obtener el tratamiento urgente reclamado por Daniel Peralta.

Debate por tapa de Noticias

Entre varias resoluciones y declaraciones aprobadas sobre tablas, fue sancionado el repudio a la nota publicada por la revista Noticias de la Editorial Perfil, en su edición Nº 1863 del pasado 8 de septiembre, considerando que “la misma incurre y ejerce una innegable violencia de género, dañando la figura y dignidad de la mujer. Asimismo la figura e investidura presidencial, caricaturizándola banalmente a través de un mensaje misógino y malintencionado”.

Este proyecto generó un debate entre el FPV y la UCR. El diputado Héctor Roquel (UCR) habló de “defender la libertad de expresión en sentido amplio, nadie puede sentirse vulnerado en la investidura presidencial por una tapa, de ser así el camino no es el Poder Legislativo sino la Justicia”, aseveró.

Para fundamentar porqué el radicalismo no acompaña esta iniciativa, leyó el prólogo del libro Un Mundo sin Periodistas.

Fue el diputado Jorge Arabel quien le replicó su sorpresa ante la actitud asumida por el legislador radical ante una editorial que tiene una clara decisión de “denostar al Gobierno” desde que Cristina Fernández asumió la presidencia. “Como cuerpo legislativo tenemos que tomar intervención porque tienen claramente intencionalidad política. En esos medios muchas de las maniobras que poco tienen que ver con lo que pasa y ocurre en el país, están orientadas a un reclamo que la oposición no tiene, los medios reemplazan el vacío político de la oposición”, señaló el legislador. Sobre la libertad de expresión referida por el legislador radical, el diputado de El Calafate le recordó la sanción de la Ley de Medios puesta en vigencia el año pasado y dijo: “el 7 de diciembre se terminarán los monopolios y comenzarán a crecer los medios pequeños y que no sean tapadas por los grupos de empresarios que por años concentraron toda la información”.

A nivel nacional, gobernadores e intendentes de todo el país sumaron su firma a la acción presentada por la vicejefa del Bloque oficialista de Diputados, Juliana Di Tullio, para que la revista se “retracte” por el polémico artículo referido a la presidenta. “El amparo solicita que el medio se retracte y repare el daño causado y no tiene, ni intenta tener, alcance alguno sobre el número ya publicado que circula y se vende en la vía pública y que no fue ni será objeto de ningún tipo de censura”, explica un comunicado de Di Tullio.

Adhirieron a ese texto las gobernadoras de Catamarca, Lucía Corpacci, y de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; las intendentas de Rosario, Mónica Fein, y de Paraná, Blanca Osuna y la vicepresidenta primera de la Cámara baja, Norma Abdala de Mattarazzo. La acción de amparo colectiva denuncia “violación de derechos humanos y solicita retractación por parte de revista Noticias”.

Repudian “seguimiento”

Los diputados Alexis Quintana, Federico Bodlovic y Mauricio Gómez Bull presentaron en la Legislatura un proyecto de declaración expresando su “enérgico repudio a toda acción de seguimiento o monitoreo de actividades privadas de cualquier ciudadano de la República Argentina; conforme a lo establecido en la sección de nuevos derechos y garantías de la Constitución Nacional en sus artículos del 36 al 43”. La iniciativa plantea que ese tipo de acciones en un Estado de Derecho “es contraria a la Ley Fundamental y por lo tanto antidemocrática”. Y agregan que “la violación de estos derechos y garantías, es lisa y llanamente una violación a las instituciones democráticas”.

Para los diputados “ya suficientemente grave es, para agregar además que tales maniobras, son en suelo provincial, y según las denuncias del propio Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, acontecieron en detrimento de los derechos de una ciudadana, que además es nuestra Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner”. El proyecto pasó, para su tratamiento, a las comisiones respectivas.