Ante el anuncio de la nueva cúpula de la Policía provincial sobre la presentación del proyecto para una nueva ley de Seguridad Pública, PUNTAL consultó a referentes de la oposición sobre su visión del plan impulsado en 2005 a través de la ley 9.235. Las respuestas apuntaron a un mismo punto, el fracaso de la implementación de la legislación, y la necesidad de convocar a todos los sectores a la hora de una nueva ley.

“Las estadísticas demuestran con solvencia el fracaso de la política de seguridad en Córdoba”, consideró el senador cordobés Luis Juez, quien agregó: “La presencia de Ramón Frías en la Policía de la Provincia, supuestamente un policía ‘mano dura’, no es una señal para combatir el delito. Las concepciones ideológicas que creen que con la ‘mano dura’ se resuelven los problemas de la seguridad son lo mismo que las políticas sociales, las educativas, en las que José Manuel de la Sota se manejó con una visión de marketing”.

- El discurso de la “mano dura”, ¿puede ser tomado como una señal de impotencia ante una falta de planificación?

- Vivimos una Policía con “mano dura” que es una gran mentira, es un argumento para violar todos los mecanismos. Ya tuvimos una Policía con características similares en la época de los Yanicelli, y en ese momento los índices no bajaron para nada. Por eso si a las estadísticas las vamos a trabajar como lo hace el Indec con el costo de la vida, estamos complicados.

El senador apuntó contra la falta de inversión en mecanismos de seguridad y sostuvo: “En Córdoba te matan como a una mosca porque no hay un programa de seguridad, ni penitenciaria ni ciudadana. Nuestro vocal de la minoría en el Tribunal de Cuentas del último día del año pasado acreditó que el Gobierno gastó $9.5 millones en partidas secretas, que serían para temáticas de seguridad. Nadie sabe qué se hizo, si se compró armamento, equipamiento, cuál fue la programación para la adquisición”.

Según Juez, los municipios que han logrado reducir la inseguridad tuvieron un fuerte acompamiento del Estado, como lo que sucedió con Tigre en Buenos Aires. “En Córdoba, en tanto, se pusieron 4 cámaras de seguridad y no sabemos qué nivel de monitoreo tiene”, sostuvo.

- ¿Qué resultado cree que tuvo el plan implementado desde la ley 9.235?

- Ha sido un fracaso la política de seguridad de la Provincia. De la Sota eligió a un marketinero como jefe de Policía, como sucedió con Paredes, que ahora lo llevó como ministro de Seguridad. Lo cierto es que no hay planificación, ni estadística, ni seguimiento o control.

- Existe una ausencia de estadísticas, desde hace tiempo no se conocen números oficiales de la temática seguridad, ¿ésto dificulta la planificación?

- Sí, pero aquí hay un contrasentido, porque hace rato que en la provincia no hay estadísticas y sin embargo desde la Policía aseguran que los datos que ellos manejan dan cuenta de que la inseguridad en Córdoba no ha crecido de manera importante.

Ahora, dicen que contratarán mecanismos de seguimiento y estadística por fuera de la estructura policial.

Juez también se refirió a la necesidad de cambiar el Código de Faltas vigente: “Seguimos con un código de la dictadura militar, creyendo que acá vamos a mejorar la seguridad mirándole la cara a los chicos y definiendo por portación de rostro. Estamos muy lejos de la posibilidad de resolver estos problemas”, indicó.

- ¿Qué puntos se deben tener en cuenta para la creación de una nueva ley de Seguridad Pública?

- Lo fundamental es articular con los municipios, con las organizaciones, con otros organismos de seguridad, no va a haber ninguna posibilidad de concretarla. Si no se planifica tampoco. Córdoba es una provincia errática, no sólo en relación a la seguridad, sino también en planificación urbana, la obra pública, en materia energética. Se tiene que dejar de improvisar, porque en materia de seguridad, la improvisación se paga con vidas de los ciudadanos.

Según el senador nacional también se debe tener en cuenta que “las políticas de seguridad que han triunfado a nivel mundial fueron a largo plazo, acompañadas con grandes planificaciones, con mapas del delito, cosas que no tiene Córdoba”.

Finalmente, apuntó contra el gobernador en relación a que este proyecto de ley tiene fines vinculados a una “campaña presidencial”. “Lo que De la Sota no puede hacer es seguir haciendo campaña electoral con la necesidad de los cordobeses”, dijo y completó:

“Hemos terminado una encuesta sobre el índice variable de precios, y da cuenta de que Córdoba tiene la canasta de alimentos más cara del país, tenemos la provincia más insegura de Argentina, y todo tiene que ver con la candidatura de De la Sota a la presidencia de la Nación. Hoy las encuestas le dicen que la seguridad es uno de los flagelos más importantes, por eso él viene con estas políticas, ya lo hemos visto con lo que sucedió con la trata de personas y las declaraciones de Susana Trimarco”.

Cualitativo, no cuantitativo

Sebastián García Díaz, ex secretario de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico durante el gobierno de Juan Schiaretti, coincidió en su posición sobre el plan de seguridad. Destacó que hubo una fuerte respuesta desde lo cuantitativo, con la incorporación de casi 10 mil agentes a la Policía, pero que debería haber más acciones que apunten a un desarrollo cualitativo.

“La incorporación de más policías fue una definición que tuvo éxito desde lo cuantitativo, pero se debería ver si están lo suficientemente capacitados”, dijo y continuó: “Lo que no fue exitoso fue que desde hace 5 años al delito se lo debe analizar desde lo cuantitativo: hay redes de narcotráfico, de trata de personas, delitos complejos, zonas enteras tomadas, y hacen falta policías con tecnología, que tengan una rápida acción, una policía más compleja”.

Sostuvo que, en este sentido, “está todo por hacerse, la Policía de Córdoba tiene un nivel de precariedad con respecto a la inteligencia de investigación que la hace muy básica”.

- ¿Qué expectativa genera la posibilidad de un nuevo plan de acción sobre la inseguridad?

- Se anuncia la presentación de un nuevo plan de seguridad, y espero que no se mantenga la línea cuantitativa que da rédito político, con más patrulleros y policías en las calles. Necesitamos que se avance en lo cualitativo.

Otro punto que consideró importante para remarcar, tiene que ver con que “resulta muy curioso que en Córdoba la Policía no tenga prácticamente bajas en momentos de los operativos, incluso muy pocos heridos”.

- ¿A qué relaciona esta realidad?

- Ésto quiere decir una de dos cosas: o que tenemos un nivel de eficiencia abrumadora como la Policía sueca, o lo que es más probable, que la Policía siempre llegue tarde y no se enfrente con los delincuentes, o lo que es peor, que muchas de las intervenciones estén conversadas con los delincuentes. Pienso que hay mucho por hacer en este sentido.

- ¿Cree que se debe modificar el actual Código de Faltas?

- Hay algunos puntos que se deben contemplar, pero creo que no es la solución eliminar la figura de “merodeo” del Código de Faltas, porque considero que es una herramienta muy importante para el accionar de la Policía en el momento. Sí deberían ser más estrictos los tribunales de conducta policial, que los agentes no busquen elevar sus estadísticas levantando a chicos en la calle por portación de rostro. Ya tenemos problemas para que la Policía actúe de manera preventiva y la del merodeo es la única figura preventiva.

García Díaz concluyó su análisis reflexionando sobre la lucha contra el narcotráfico que se ha encarado desde la Provincia. “Ya he dicho que creo que se busca sólo el menudeo y se precariza la lucha contra las cabezas del narcotráfico”, dijo y cerró: “Hay un dato que veo con preocupación y es que no hay difusión de un número de teléfono y un sitio web que agilice la posibilidad de la denuncia, lo que creo que realizan para no recibir tantos casos”.

Finalmente, el legislador riocuartense por la UCR Eduardo Yuni, consideró que por las encuestas “está claro que el 80% de los cordobeses dice vivir inseguro, más allá del estrato social o económico al que pertenezca”, e indicó: “El plan de seguridad que se lanzó en el 2005 está claro que no ha dado resultados y se deben contemplar los cambios que la sociedad está pidiendo”.

- ¿Qué papel juega la falta de datos oficiales sobre la temática?

- En el Ministerio de Seguridad, desde 2008, no hay estadísticas sobre los delitos a la propiedad, por lo menos no hay información pública. Si hubiese información positiva, está claro que la estarían dando a conocer, por lo que la situación no es lo que esperan ni la sociedad ni ellos.

- ¿Cuánto dificulta eso a la hora de planificar?

- No sabemos si los datos están relacionados a menores que delinquen por problemas de adicciones, o si los delitos son iguales en todos los departamentos. No se pueden diseñar políticas públicas si no se tiene información. Queremos saber si está vinculado a la pobreza, o a la droga, o a la reincidencia de delitos de quienes no se han recuperado en el servicio penitenciario. Esa es la evaluación que se debe realizar.

Yuni destacó que los últimos datos que se tienen dan cuenta de 55 mil delitos denunciados en Córdoba, en 2008. “Es un número que no queremos comparar con otras provincias, pero la realidad es que hay una cantidad de delitos provocados por diversas causas”, dijo el legislador y continuó: “Con todos estos datos, está claro que fracasó el plan estratégico de seguridad y no hay información que nos permita visualizar hacia dónde va el trabajo del Ministerio de Seguridad de Córdoba”.

El legislador radical destacó que desde el bloque esperan ser convocados a un debate sobre las políticas del Estado, “dispuestos a discutir los criterios de seguridad pública que en la ley se incluye el trabajo de equipos técnicos, accidentología y hasta el manejo del fuego”, dijo.

- ¿Qué se debe tener en cuenta cuando se debata esta nueva ley?

- Queremos que se defina una política y que alguien se haga responsable de lo que pasó en estos últimos años. Alguien tiene que decir en qué se equivocaron, cuál es la realidad, para que entre todos busquemos respuestas. Como radicalismo estamos dispuestos a realizar un nuevo plan de seguridad y definirlo a partir de una autocrítica seria del Gobierno, con información actualizada de lo que sucede en la provincia.

Yuni también fue crítico del Gobierno provincial en relación a la temática: “Ahora estamos hablando de seguridad, pero si uno se fija en educación sucede lo mismo, o en infraestructura”, dijo y cerró: “Hay una estrategia de mantener desinformada a la población de Córdoba, son temáticas sobre las que intentaremos trabajar para que se normalicen desde que se ponga nuevamente en marcha la Legislatura.

La 9.235, actualmente a cargo de la seguridad

La ley de Seguridad Pública de Córdoba, la 9.235, entró en vigencia en mayo de 2005, y tiene entre sus objetivos principales “regular el Sistema de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba, las relaciones que surjan entre los integrantes del Sistema Provincial de Seguridad Pública, las autoridades provinciales y la comunidad”.

La legislación indica que la seguridad estará a cargo del Estado provincial, con el objetivo de “salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública, implementando políticas públicas tendientes a asegurar la

convivencia y fortalecer la cohesión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio, por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagrados”.

En este sentido, son puntos a tener en cuenta el mantener el orden y la tranquilidad pública, proteger la integridad física de las personas, promover y coordinar los programas de disuasión y prevención de contravenciones y delitos, establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para la investigación y conjuración temprana de contravenciones y delitos, dirigir y coordinar los organismos de ejecución de pena, y señalar los mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades para apoyo y auxilio a la población en casos de siniestros o desastres.

Tal como lo indica la legislación, el sistema de seguridad de la Provincia está integrado por la Policía provincial y el servicio penitenciario, mientras que son auxiliares la dirección de Defensa Civil, los cuerpos de Bomberos y de Rescate; la dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, y la dependencia encargada de Seguridad Náutica, entre otros.

Plan estratégico

En cuanto al Plan Estratégico Provincial sobre el que trabajarían los organismos, la 9.235 indica que buscaría “estimular y promover una cultura de la prevención a través de la sensibilización de la comunidad y la capacitación de los actores sociales”; “promover la participación y el compromiso social para el diseño e implementación de estrategias de prevención integral; “desarrollar estrategias sociales, educativas, culturales, organizativas y toda otra que, con la intervención participativa de la comunidad, tiendan a modificar las condiciones que impulsan a los problemas de seguridad”; y “estimular y apoyar las iniciativas y acciones de prevención que los vecinos o instituciones de bien público realicen, enmarcadas en el irrestricto respeto por los derechos humanos y el estado de derecho”, entre otras cuestiones.

La ley también contempla un largo listado de responsabilidades que tiene la Policía provincial, entre las que se encuentran: prevenir toda perturbación del orden público, garantizando la tranquilidad de la población, asegurar el orden en las elecciones, ejercer las funciones de prevención y control del tránsito automotor en las rutas, desarrollar actividades de incumbencia en materia de agresión al medio ambiente,gen, y colaborar con los organismos de la minoridad.