El concejal Alberto Cortés (PSA-Proyecto Sur) consideró ayer que la actuación de la provincia y el municipio "no estuvo a la altura de las circunstancias" en la causa abierta en la Justicia para evitar el desalojo de 18 familias que hace unos 30 años ocupan un terreno en 27 de Febrero y Circunvalación. El magistrado que tramita el expediente, Daniel González, emitió una resolución cuestionando la ausencia de políticas estatales para afrontar el déficit habitacional en sectores vulnerables.

El edil advirtió que los referentes municipales y provinciales no asumieron protagonismo en las diferentes instancias de negociación abiertas en los Tribunales entre los vecinos y los propietarios del predio. "Se llegó a dar en las audiencias el caso de largas esperas a funcionarios que habían anunciado telefónicamente su arribo, sin que éste nunca se produjera", cuestionó Cortés, quien señaló que cuando asistieron a la cita "evitaron en todo momento tomar ningún tipo de compromiso".

La causa lleva varios años en la Justicia. En 2008, los dueños del lote de 1.000 metros cuadrados en el barrio Santa Clara, delimitado por Colombres, 27 de Febrero y Circunvalación, obtuvieron la sentencia de desalojo contra las 20 familias que se asentaron en el lugar hace unos 30 años. Según consta en el expediente, los vecinos propusieron pagar los lotes a través de un fideicomiso, pero la Intendencia respondió que no está en condiciones de instrumentarlo.

El concejal señaló que "es comprensible que no se pueda pretender que el Estado asuma la adquisición y el loteo de cada terreno privado cuyo dueño, después de años de abandono, decida ahora aprovechar la valorización especulativa de la tierra en la ciudad, dado que eso podría desatar una cascada de juicios de desalojo para que el gobierno compre las tierras".

Sin embargo, aclaró: "No estamos aquí frente a esa situación ya que los vecinos están haciendo el mayor esfuerzo para contribuir a la compra y lo único que se requiere es instar al propietario a adecuar el precio".