El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, derogó el decreto 1620/03 mediante el decreto 713/10 publicado en el Boletín Oficial.

Los diputados de Proyecto Sur expresaron su "preocupación por el rumbo asumido por el Poder Ejecutivo con esta medida". La norma derogada establecía la obligación del Poder Ejecutivo de publicar en los diarios, el Boletín Oficial y en la página web del gobierno el currículum del candidato al Tribunal Superior de Justicia (TSJ); una declaración jurada de sus bienes y otra que contuviera cualquier antecedente que pudiera comprometer su imparcialidad de criterio; como así también las actividades de sus cónyuge, ascendientes y descendientes.

Por otra parte, el decreto establecía una etapa previa a la remisión de la propuesta a la Legislatura para que los particulares y las organizaciones pudieran presentar observaciones relativas a los antecedentes del candidato.

Bajo esos parámetros debió tramitar en su momento la propuesta de la fiscal Daniela Bruna Ugolini, lo cual generó -por inobservancia del decreto que ahora se deroga- una seguidilla de resoluciones judiciales que culminó con el dictado de una sentencia del TSJ en el marco del denominado "conflicto de poderes" y la ulterior renuncia de Ugolini a su candidatura.

Desde Proyecto Sur, denunciaron que la decisión del Ejecutivo porteño de derogar el decreto "está claramente orientada hacia la supresión de todo límite normativo a la discrecionalidad, posibilitando en un futuro inmediato el ejercicio liso y llano de la arbitrariedad, sin miramiento alguno respecto de los derechos de los ciudadanos de acceder a la información pública y la salvaguarda de un ámbito transparente de discusión y participación democrática en todos los actos de gobierno".