Un un comunicado, el sindicato aseguró que esta figura legal es “pura coyuntura política” y afirmó que “no dará respuestas a ninguna de las necesidades que tienen nuestras niñas y niños, adolescentes y adultos que ven cómo este Estado ausente no les garantiza, aún hoy, un mes completo de clases sin que no se suspendan por falta de gas, agua, transporte y electricidad”.

A su vez, pidieron a los diputados que se respete la autarquía del Consejo Provincial de Educación para que sea esta institución la que fije las políticas en la materia. También solicitaron que se amplíe el presupuesto para arreglar las falencias de infraestructura en los establecimientos de la provincia.

Finalmente, solicitaron a los legisladores que se los convoque desde octubre y si es necesario durante todo el verano para comenzar a discutir salarios.