Un gran despliegue policial, entredichos que no pasaron a mayores y un comportamiento respetuoso de ambas partes, signaron la audiencia pública.
Para ingresar al recinto, los acreditados debían pasar por un riguroso control, que incluyó un sistema de detección de metales y la retención de los teléfonos celulares. Dentro del recinto y en el hall para el público, también estaba dispuesto un número importante de gendarmes para asegurar que el juicio se desarrolle con normalidad. En el resto del edificio, la Policía Federal se encargaba de la custodia.
A partir de las 8.30 comenzaron a llegar los familiares de la víctima portando una foto de Cecilio en tamaño oficio y también, las de los imputados. Poco a poco se fueron acomodando las distintas partes, abogados de los defensores, los querellantes y también los representantes de los organismos de derechos humanos locales y nacionales.
Antes de la audiencia, se produjo un entredicho entre una empleada del Tribunal quien le solicitó a algunos miembros de los grupos de derechos humanos que portaban imágenes pegadas a cartones y otros que vestían remeras que contenían consignas contra los represores, que las ocultasen. Ante la mediación de algunos funcionarios, la situación se distendió.
El juicio comenzó una hora más tarde, a las 10.25, cuando ingresó el tribunal compuesto por Josefina Curi (presidenta), Marina Cossio de Mercau y Graciela Nair Fernández Vecino. Inmediatamente lo hicieron los imputados con el sonido de los flashes de fondo.
El primero fue Tomás Garbi, subjefe del entonces Departamento de Informaciones Policiales; Ramiro López Velloso (numerario de la repartición) y por último, Musa Azar Curi.
Durante el primer cuarto intermedio que se prolongó por tres horas, desde las 12 hasta las 15; algunos de los familiares de víctimas e integrantes de grupos de DD.HH., mostraron su fastidio por la espera y comenzaron a aplaudir. Minutos después reaparecieron las juezas. Cuando terminó la audiencia ambas partes se entremezclaron sin realizar ningún tipo de cruces.
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