San Luis tiene 16 juicios con la Nación por causas que van desde el pago de deudas en concepto de la coparticipación hasta la solicitud para asfaltar la vieja traza de la Autopista de las Serranías Puntanas. La mayoría de estas demandas fueron iniciadas en el 2008, pero hasta ahora ninguna obtuvo resolución. El fiscal de Estado, Eduardo Allende, criticó la lentitud de la Corte Suprema de Justicia para resolver los litigios y recordó que la deuda que el gobierno central mantiene con la provincia alcanza los siete mil millones de pesos.

“La Corte en general se demoró muchísimo en todos los juicios para designar las primeras audiencias que deben darse para intentar una conciliación”, destacó Allende, quien dijo que este retraso en algunos casos se ha extendido por dos años, un plazo sumamente extenso y que entorpece el desarrollo de los procesos judiciales.

El fiscal de Estado afirmó además que en los juicios realizados por la provincia han encontrado que los representantes del gobierno nacional “nunca llevan instrucciones para negociar nada”, un marcado desinterés que provoca que las audiencias celebradas entre las partes sean "infructuosas".

“Es difícil saber cuándo podrán ser resueltos los reclamos. La provincia busca hacer todas las diligencias de la manera más rápida posible, pero dependemos de los tiempos de la justicia”, reconoció Allende.

Pero la negligencia para escuchar los reclamos puntanos no es nueva. Entre el 2003 y el 2008, se pidieron por un juicio de discriminación 27 audiencias que no fueron contestadas. Sólo se logró una reunión con la Presidenta, pero que tampoco dio ningún resultado.

En el Ejecutivo subrayaron que esta demora puede ser contraproducente para los intereses económicos del gobierno central, ya que si varios de estos procesos terminan con una resolución favorable para la provincia los montos adeudados deberán ser actualizados.