El Gobierno nacional apeló la medida dictada por el juez federal de San Rafael, Héctor Acosta, mediante la cual se dejó en suspenso la polémica extensión de la promoción industrial establecida en el decreto 699/10. Así, Celso Jaque recibe un nuevo revés de la Nación, que vuelve a sentar postura en relación a los beneficios impositivos para cuatro provincias vecinas que tanto podrían perjudicar a Mendoza.

En el Ejecutivo local recibieron la noticia a primera hora de ayer y rápidamente salieron a comunicarla, pero con un discurso minimizador. Aclararon que la suspensión sigue vigente hasta tanto se resuelva en un tribunal superior. Será una cámara federal de Apelaciones la que resuelva, a pesar de que la medida de fondo seguirá en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Quien deberá resolver será, precisamente, una de las dos salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, compuestas por Otilio Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Petra (Sala A), o Alberto Endeiza y Luis Miret (Sala B). Romano y Miret fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura nacional por el ministro de Gobierno, Mario  Adaro, por colaborar con la última dictadura militar.

Así, el atajo que en principio salió bien, porque al menos momentáneamente el decreto presidencial que ordenaba la extensión de la promoción quedó en suspenso, está tambaleando y depende de la cámara. Eso sí, la medida de fondo deberá resolverla la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque todos coinciden en que la verdadera resolución al conflicto por la promoción industrial debe salir del terreno político y no de la esfera judicial.

Sin embargo, las vías de resolución políticas se desvanecen, y lo de ayer fue una evidencia más. Por eso, el máximo tribunal de Justicia será el único que podrá expedirse sobre la medida cautelar solicitada por la Provincia los primeros días de junio. Según comentan en el Ejecutivo local, ha pasado por todas las salas y se ha dado vista al procurador, pero aún no se sabe qué resolución tomará el tribunal supremo y nadie se arriesga a hacer futurismo; es que especulan con presión del Gobierno nacional, aunque la actual Corte es reconocida por insospechada.

Si bien la medida fue revelada tras la reunión de gabinete por el secretario legal y técnico de la Gobernación, Fernando Simón, quien sentó la opinión del equipo jaquista fue el ministro de Gobierno, Mario Adaro, quien aseguró que el Ejecutivo seguirá con la misma línea jurídica y consideró que Mendoza se ve fortalecida a nivel nacional. Esto a pesar del nuevo revés que se conoció ayer.

La Cámara de Comercio de San Rafael, que inició el reclamo que le sirviera a Jaque de atajo para lograr frenar el decreto, anunció que, en cuanto sean notificados, apelarán la presentación de la Nación.

Adaro aseguró que el gobernador insistirá con el rechazo y la defensa de Mendoza y recalcó que nadie va a sacar rédito político en esto. Esto, en clara alusión a las declaraciones del mismo gobernador, quien en los últimos días aseguró que "a alguien le sirve que a Jaque le vaya mal". Incluso, aprovechó para reprocharle a la oposición que no se haya puesto en valor el acuerdo político-productivo que muchos firmaron meses atrás.desconocidos. Sobre los argumentos del Gobierno nacional para rechazar la suspensión del juez sanrafaelino no se sabe nada. Esto porque la Provincia no fue notificada, teniendo en cuenta que no es parte del conflicto, mientras que la Cámara de Comercio de San Rafael tampoco había recibido anoche la notificación escrita, según confió a este diario Alejandro  Salatino, presidente de ese colectivo.

minimizado. La suspensión preventiva del decreto 699/2010 ordenaba a la presidenta Cristina Kirchner que se abstuviera de dar operatividad al mismo hasta que existiera una sentencia definitiva.

En el Ejecutivo consideran que era esperable que esto sucediera, teniendo en cuenta que la Nación no dejaría que le derribaran un decreto de manera sencilla, en especial porque dejaría translucir debilidad por parte del Gobierno central.por qué el freno de acosta. En primera instancia, la promoción fue frenada por el juez Acosta, contra quien accionaron otras provincias como San Juan. Entre las razones más llamativas que esgrimió el magistrado sanrafaelino hay una que sobresale, porque le cuestiona al Poder Ejecutivo Nacional que esté legislando algo para 15 años más, es decir, al menos tres gestiones de gobierno, porque así queda especificado en uno de los artículos del polémico decreto que le daba beneficios tributarios a La Rioja, San Juan y San Luis. Además, coincide con la presentación judicial realizada por la Asesoría General de Gobierno, que se amparaba en que la prórroga es injustificada, arbitraria y excede los limites del Ejecutivo, por sus decisiones en materia tributaria. Esto está especificado en los artículos 75 y 76 de la Constitución nacional, donde se fija claramente que si no son medidas de urgencia o si se trata de decisiones que de alguna manera impactan en la coparticipación, deben ser aprobadas por dos tercios de los votos en el Congreso.