Cristina Fernández enviará al Congreso un proyecto para ratificar el “Acta Acuerdo” que suscribieron la Nación y el gobierno porteño por el traspaso del subte a la órbita de la Ciudad. El convenio se transformó en el eje de una controversia luego de que Mauricio Macri intentara cancelarlo y enviara el caso a la justicia federal, una medida que fue replicada luego con otra presentación del Ministerio de Planificación. “Los jueces no pueden gobernar”, aseguró la presidenta durante un acto en la Casa Rosada, e ironizó que “presentar medidas cautelares para no gobernar es un verdadero hallazgo”.

La pelea por la transferencia de los subterráneos a la Ciudad de Buenos Aires sumó ayer otro capítulo cuando la presidenta anunció que enviaría una iniciativa al Parlamento nacional para que resolviera la cuestión, pendiente desde que, hace más de una semana, el jefe de gobierno porteño renunciara en una conferencia de prensa al manejo del subte.

“Vamos a remitir al Congreso un proyecto de ley para ratificar el acta que firmamos con la Ciudad de Buenos Aires y resolver en el ámbito político por excelencia que está en el seno de nuestro parlamento para zanjar esto”, aseveró Fernández durante un acto en el que anunció un programa de telefonía e Internet para conectar a 1500 localidades del interior argentino que no cuentan con estos servicios.

Para apoyar sus dichos también citó al presidente del máximo tribunal argentino. “Esto no puede ser judicializado, en esto voy a coincidir con el discurso del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Lorenzetti, que dijo que los jueces no pueden gobernar, tienen que gobernar los gobernantes, la política no puede seguir judicializándose, es en el ámbito político donde debe resolverse”, afirmó Fernández.

La presidenta, tal como lo había hecho durante su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, resaltó que los “recursos federales” no deben ser utilizados para financiar la red de subtes porteña.

“Es necesario de una buena vez por todas que el Parlamento, donde están representadas las provincias, defina qué modelo de país somos. ¿Vamos a seguir sometidos a un modelo centralista, ubicar los recursos donde está la mayor fortuna del país o buscar un reparto más equitativo”, indagó la mandataria. Fernández se hizo un lugar para pedirle colaboración al alcalde del tercer distrito electoral del país. “Tienen que ser solidarios aquellos que tuvieron la suerte de ser elegidos para gobernar el distrito con ingresos per cápita que se asemejan a los de los grandes países desarrollados y donde todas las necesidades básicas están satisfechas en la mayoría de sus habitantes”, detalló.

La presidenta también se refirió a la contradicción que se plasmó el lunes, cuando la vicejefa de gobierno porteña María Eugenia Vidal pidió que Macri y Fernández se sentaran a conversar, mientras que el empresario impulsaba la medida judicial. “Decían que querían diálogo, curiosa forma de iniciar un diálogo: que te cite la justicia”, ironizó.

“Una medida cautelar, de vuelta el derecho cautelar para las corporaciones que no cumplen las leyes, ahora derecho cautelar para no gobernar”, se quejó en relación a la aplicación de la Ley de Medios y las medidas judiciales que favorecieron al Grupo Clarín.

Desde el PRO, la medida fue recibida con escepticismo. “Me gustaría que el proyecto que el Ejecutivo enviara estuviera discutido y acordado con la Ciudad. Si no fuera así, me imagino que la iniciativa será un intento del ejecutivo por forzar un traspaso sin recursos, imponiendo sus mayorías parlamentarias y dañando las posibilidades presupuestarias de los vecinos porteños”, puntualizó la diputada Laura Alonso. <