Una segunda razón presidencial para defenestrar al dirigente camionero podría haber sido la amenaza de éste, finalmente no concretada, de un paro general con movilización hacia la Plaza de Mayo en marzo último, en el contexto de un pedido de informes de la justicia suiza sobre el sindicalista. Pero otros aseguran que lo que nunca le perdonará la primera mandataria a Moyano es que haya desacreditado públicamente las estadísticas del Indec e instituido la llamada "inflación del changuito", derribando así el mito de que la inflación real era un invento de medios periodísticos y consultoras ligadas al "establishment".

Moyano se convirtió de la noche a la mañana en el aguafiestas del kirchnerismo a la hora del debate sobre el relato del Indec en el que tanto empeño puso el Gobierno.

Ayer, al cabo de la reunión del consejo directivo de la CGT, el moyanismo se cuidó de no cargar las tintas sobre la inflación. No obstante, insistió en sus reclamos sobre la elevación del piso del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias que se les impone a los trabajadores; el salario familiar; el proyecto de distribución de las ganancias que desacreditó recientemente la Presidenta, y un clásico: el pago de deudas del Estado con las obras sociales sindicales.

En el juego mutuo de presiones al que se han acostumbrado Moyano y Cristina, los dos aprietan pero ninguno busca ahorcar al otro. Al líder camionero le preocupan las causas judiciales en su contra y, como objetivo de mínima, conducir la transición hacia una nueva conducción de la CGT, que asumirá nunca antes de mediados de 2012.

¿Qué le preocupa a la Presidenta? Tener garantías de que la pugna distributiva no terminará licuando su poder y la imagen de su gobierno.

Aunque se empeñe en no reconocerla como tal, la inflación es uno de los grandes problemas de Cristina. No por nada viene reclamando "moderación" de los gremios en sus demandas salariales y anteayer les pidió a los empresarios que ajustaran sus costos para frenar las alzas de precios y así "cuidar" el consumo.

Es ésa la "etapa de la sintonía fina" de la que habla la primera mandataria. Una etapa en la cual el Gobierno velará para que la negociación salarial no se desmadre.

Una polémica señal provino de la reciente decisión del Ministerio de Trabajo de no homologar un aumento salarial del 35,7% que había acordado la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), que lidera el opositor Gerónimo Venegas, y limitarlo al 25%. Para la Uatre, fue una práctica discriminatoria, en razón de que a otros gremios se les homologaron incrementos superiores, como a los obreros de maestranza (52,5%), a los visitadores médicos (36%) y a los trabajadores de sanidad (33%), y de que la propia Presidenta dijo meses atrás que los trabajadores rurales se hallaban entre los peor pagos. La discrecionalidad oficial siempre está.