Hubo presión para que empresarios asistan hoy a la presentación del informe. Para el Gobierno fue ilegal. Pero un ex detenido por la dictadura desmintió la versión oficial
La estrategia oficial recibió ayer un golpe, con la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial porteña que anuló una resolución de la Comisión Nacional de Valores, que declaró como “irregulares e ineficientes” decisiones tomadas por el directorio de Papel Prensa.
El informe oficial, llamado “Papel Prensa: la verdad”, será presentado en medio de la preocupación de empresarios por el clima de conflictividad, que incluye la cancelación de la licencia de Fibertel (también del Grupo Clarín) para brindar servicios de banda ancha y el bloqueo de Camioneros a las plantas de Siderar, del Grupo Techint.
El Gobierno ejerció ayer una fuerte presión sobre empresarios para que asistan a la Casa de Gobierno. Incluso, la agencia oficial anunció que hoy estarán presentes los mismos dirigentes que hace una semana se sacaron una foto que molestó políticamente al oficialismo.
La directora titular del Estado en Papel Prensa, Beatriz Paglieri, adelantó ayer que el informe, de unas 20.000 fojas, deja constancia de que “hay pruebas irrefutables de la complicidad entre la dictadura militar y los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón”. Según dijo, compraron las acciones a la familia Gravier “bajo los tristemente célebres métodos del terrorismo de Estado”. Apela a los testimonios de Lidia y Osvaldo Papaleo y el ex vicepresidente de la empresa, Rafael Ianover.
Esa lectura fue desmentida por el ex embajador Gustavo Caraballo, quien estuvo detenido en 1977 junto con Lidia Papaleo de Graiver. “La familia Graiver soportó todo tipo de apremios y vejámenes, pero no tuvieron que ver con Papel Prensa”, señaló en una carta enviada al diario La Nación. También cuestionó la pretensión de “construir una nueva teoría de los hechos” y calificó de “ofensivo a la dignidad pública e inmoral” la posibilidad de que se pueda “controlar un insumo básico para la prensa libre”. Con el informe, el Gobierno intentará avanzar por la vía judicial contra la empresa. Cristina dará instrucciones al procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, para denunciar penalmente a los representantes de los diarios, entre los que se encuentran Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre. No se descarta que los empresarios de Clarín y La Nación sean acusados por delitos de lesa humaunidad. También es de esperar que el procurador solicite a la Justicia que invalide la operación comercial de hace 35 años.
Los accionistas privados de Papel Prensa, que controlan el 71,49% de la empresa, distribuyeron un extenso informe con su versión de los hechos. Y denuncian: “Néstor Kirchner quiere controlar la información para lo cual quiere tomar Papel Prensa”.
El informe enumera los ataques oficiales comandados por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, contra la compañía y advierten: “La ambición del Gobierno es manejar el abastecimiento local de papel para diarios. Ese manejo, combinado con el control de las importaciones, pondría en sus manos un decisivo poder de presión sobre los medios gráficos”.
Al respecto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se solidarizó ayer con Clarín y La Nación y calificó las acciones del Ejecutivo como “una escalada peligrosa en contra de la libertad de expresión, que afecta a todos los ciudadanos”. En un comunicado, indicó: “El Gobierno está buscando la forma de controlar a los medios independientes del país con el propósito de ganar una contienda política”
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