Cristina Fernández de Kirchner quiere hacer del Congreso el centro de difusión de la campaña, para convertirse en su gran protagonista. Es la manera que halló de intervenir en ese proceso sin ser candidata y de resolver una falencia inquietante del Frente de Todos, la falta de una figura que sustituya el atractivo que despierta entre sus votantes. Esa estrategia tiene un beneficio adicional. Le permite sortear la inactividad que caracteriza al Poder Legislativo en períodos electorales.
Por: Daniel Bilotta.
No hay otra forma de explicar la extensión de las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y que se prevea que las extraordinarias puedan llegar al 28 de febrero. Lapso en el que debería definirse la suerte de otra quita de fondos a la ciudad, la ley que legalizaría el aborto y la suspensión de las PASO que promueven los gobernadores. Tres proyectos con los que intenta condicionar el debate con la oposición. El que se libra en el oficialismo parece saldado a favor de Cristina con el cambio que introdujo el Senado a la movilidad de haberes previsionales.
La vicepresidenta rectificó la fórmula para que no quede tan alejada de la realidad la promesa que Alberto Fernández hizo a los jubilados en 2019. Destinar el dinero de las Leliqs a mejorar sus ingresos. El problema es la forma en que la opinión pública interpreta esas injerencias. Una mayoría significativa está inclinada a pensar que la vicepresidenta marca el rumbo al gobierno. Es lo que respondió el 48,8 por ciento a Managment & Fit y el 53,1 por ciento a Synopsis en noviembre, el mes en el que el Presidente mejoró su imagen. Las audiencias tienden a tener empatía con el que perciben en una situación de debilidad. Es uno de los riesgos de disolver el espacio de moderación que intentó construir Fernández con Horacio Rodríguez Larreta.
La base electoral de Cristina está en el conurbano, donde Rodríguez Larreta tiene alto nivel de aceptación. La ley que aplica un nuevo recorte de casi un punto a la coparticipación de la ciudad pretende acotar ese fenómeno
A Sergio Massa se le atribuye una descripción de esa aparente desconexión entre la demanda ciudadana y la clase dirigente: "Estamos en Disneylandia pero no nos damos cuenta que se incendia Florida". A Cristina la moviliza otro tipo de fantasía. La que más la desvela es que desde la ciudad se financie la campaña de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.
La base electoral de Cristina está en el conurbano, donde Rodríguez Larreta tiene alto nivel de aceptación. La ley que aplica un nuevo recorte de casi un punto a la coparticipación de la ciudad pretende acotar ese fenómeno. La saga comenzó en septiembre, cuando un decreto presidencial redujo del 3,5 al 2,32 por ciento para atender el reajuste salarial de la policía en la provincia de Buenos Aires. El gobierno porteño apeló esa decisión en la Corte. Cristina respondió con la media sanción a la ley que fija en 24.500 millones de pesos los fondos que el Ministerio de Economía cedería anualmente a la ciudad para financiar la Seguridad. Ese punto fue modificado en Diputados, con lo cual debe regresar al Senado para su aprobación. El gobierno porteño confía en que ocurra esta semana para recurrir de nuevo al máximo tribunal, que no tratará el asunto hasta que esté sancionada. Lo que vaya a resolver el kirchnerismo es un misterio.
La ratificación de la condena a Amado Boudou en la causa Ciccone sienta un precedente negativo. La Corte no suele darle buenas noticias. Si elude tratar la ley, el recorte quedaría garantizado por el decreto y reduciría la posibilidad de una medida cautelar favorable a la ciudad. Cristina aplicará la misma lógica con la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Evitará que Fernández capitalice una legislación transformadora que ampliaría los derechos de la mujer y de impacto en un sector del electorado que le es propio: los jóvenes. El activismo de Máximo Kirchner y Anabel Fernández Sagasti para reunir votos a favor del proyecto es un adelanto de cómo se pronunciará Cristina el 17 de diciembre en el Senado si el día 10 es aprobado en Diputados. Máximo y la senadora mendocina son sus principales operadores en el Congreso.
El denominado voto verde sumaría 36 en el Senado, contra 30 del sector celeste y seis indecisos. El kirchnerismo descarta un escenario donde Cristina tenga que desempatar. La vicepresidenta no se permitiría un resultado que exprese una merma en su poder. Lo más parecido a una victoria para José Mayans, que lidera el rechazo al IVE. El formoseño representa una incomodidad. Llegó a la jefatura del bloque oficialista por la oposición a Fernández Sagasti de los caudillos provinciales.
Los gobernadores peronistas tienen la esperanza de limitar el poder de Cristina para negociar las candidaturas de legisladores nacionales con la suspensión de las PASO. Hay un inconveniente. De las 23 jurisdicciones que suscriben esa posición, 12 no los eligen a través de primarias. Es el caso de las no peronistas: Jujuy, Corrientes, Misiones, Neuquén y Río Negro. Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Formosa y Córdoba completan esa lista. Pero para suspenderlas en las provincias, cada Legislatura debería votar su propia ley. Un desafío para Axel Kicillof y Cristina. El gobernador es su delegado en la provincia de Buenos Aires, donde Juntos por el Cambio controla el Senado. El rechazo de la oposición a suspender las PASO le da un alivio a los intendentes en el asedio al que se sienten sometidos por La Cámpora.
Reunidos el día 1º en Ituzaingó, Alberto Descalzo, Juan Zabaleta (Hurlingham), Gustavo Menéndez (Merlo) y Gabriel Katopodis (San Martín), respaldaron a Fernando Gray (Esteban Echeverría). El vicepresidente del PJ bonaerense se rehusó a renunciar un año antes que venza su mandato y el del resto de las autoridades para facilitar que Máximo Kirchner asuma la titularidad.
El 29 de noviembre Gray mantuvo una dura discusión por ese tema con un alto funcionario ligado a La Cámpora. El mismo al que algunas versiones sindican como el gestor del acuerdo con barras bravas asentados en la tercera sección electoral, cuyo primer tramo habría consistido en conformar un anillo de custodia al féretro de Diego Maradona en los funerales de la Casa Rosada.
Ese entendimiento les permitiría un nexo con los que tienen por zona de acción a Villa Caraza (Lanús), Villa Fiorito e Ingeniero Budge (Lomas de Zamora) y los barrios 20 de Junio y Los Ceibos (La Matanza), vinculados a las hinchadas de Boca, Racing, Los Andes y Almirante Brown. Por ahora habladurías que dan lugar a otras conjeturas. Sobre todo a una: si Kicillof va a negociar la suspensión de las PASO con la sanción del presupuesto prevista para el próximo 17, en un clima de desconfianza de la oposición hacia el gobernador. Le achacan nula predisposición para cumplir los acuerdos celebrados en la Legislatura. Una novedad que podría modificar esa situación. El 3 de diciembre Eduardo De Lázzari le adelantó a sus pares que renunciará a la Corte el 28 de febrero. Liberaría una vacante que podría cubrir Cristina. Para eso necesita un acuerdo con la oposición en el Senado. Lo que limitaría la posibilidad de insistir con cambios en la Procuración General. A Julio Conte Grand se lo identifica con la causa por supuesta asociación con barras de Independiente contra Pablo Moyano. Máximo se retrató con él y Hugo, su padre, en solidaridad por el recorte que haría Rodríguez Larreta al servicio de recolección de residuos para paliar la quita de fondos.
Calmar la ansiedad del inquieto clan sindical es otra de las razones de Cristina para ponerle fin al ciclo de la moderación.
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