El acto del Frente de Todos en La Plata desnudó que carece de un antídoto efectivo para resolverlo. A Cristina Fernández de Kirchner le cuesta reconocer como propio a su gobierno. Un fenómeno similar a la de autoinmunidad en la medicina. La célula madre ataca a las que no identifica como parte del mismo organismo.

Sergio Massa viene escapando de esa agresión sistemática. Tal vez por haber contribuido activamente a consolidar la matriz de la nueva coalición después de la derrota de 2015. Como recuerda un connotado dirigente de La Cámpora, después de ella el kirchnerismo inició una tarea compleja. Restituir la unidad del oficialismo y agotar una discusión política que les permita saldar diferencias con el ahora presidente de la Cámara de Diputados.

Nadie sabe si el diminutivo de "Maxi" con el que Massa aludió al jefe de La Cámpora en ese acto es el resultado de una simbiosis o de una mimetización motivada por el instinto de supervivencia. Cualquiera sea la razón, lo acerca a Cristina. La vicepresidente necesita los dos tercios en ambas cámaras del Congreso para poder avanzar sobre el Poder Judicial. Y, en forma puntual, sobre la Corte. Un obstáculo en las causas que la comprometen.

Para eso precisa que ninguna medida económica que ponga en riesgo una victoria en las elecciones de 2021. Es decir, similares a las que el Fondo Monetario Internacional le exigió al gobierno de Mauricio Macri a cambio de asistencia financiera. Uno de los factores que Cristina omitió citar en su discurso para explicar la victoria del Frente de Todos el año pasado. El Ministerio de Economía dejó trascender que podría tener la comprensión del FMI para evitar un ajuste al sistema previsional y a las tarifas que el gobierno congeló hasta marzo.

Si resulta así sería curioso. Son algunas de las medidas que Martín Guzmán venía negociando con ese organismo. La Argentina tiene vencimientos con el Fondo por 4200 millones de dólares en los últimos cuatro meses de 2021. Casi 1200 millones deberían ser abonados en septiembre, un mes antes de las elecciones. Las reservas netas del Banco Central son menos de 3000 millones.

Esa es la lógica argumental del discurso de Cristina en el Estadio Único de La Plata, en un escenario ideado para poner de relieve la centralidad que la vicepresidente y la provincia de Buenos Aires tendrán en la campaña. Pero particularmente el conurbano. Allí es donde reside el núcleo duro de sus electores con los que acumuló la diferencia que garantizó la victoria del Frente de Todos. Fernández intenta adecuarse a esa realidad. "Hice lo que me mandaste", le dijo a Cristina con quien mantiene un contacto limitado.

La forma en que el Presidente se vincula con su gabinete podría darle a su vice una excusa para justificar su conducta. Según admiten funcionarios de su propio gobierno, Fernández no habla con el canciller Felipe Solá, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, ni su secretario de Medios, Francisco "Pancho" Meritello. La suspensión del diálogo es la forma en que el Presidente expresaría el disgusto con sus gestiones.

Ginés González García podría haberse sumado desde la semana pasada a esa lista. Aunque las versiones de cambio en el gabinete se nutren de acontecimientos más reservados que el desaguisado público del ministro de Salud con la vacuna rusa. Fernández fue el protagonista de uno trascendente el mediodía del 15 de diciembre. El helicóptero que lo transportaba descendió en el Centro Operativo que la policía bonaerense tiene en Puente 12, partido de La Matanza.

El lugar donde Sergio Berni montó el despacho del Ministerio de Seguridad. Fernández se reunió una hora con él antes de seguir viaje en auto hacia La Tablada para participar de un acto del Movimiento Evita. Es probable que Sabina Frederic se haya enterado de ese encuentro después de los festejos que encabezó por el décimo aniversario de la creación del ministerio de Seguridad de la Nación que tuvieron lugar también al mediodía.

Aunque la posición más destacada de la nómina de bajas que confecciona el kirchnerismo la ocupe la ministra de Justicia, Marcela Losardo, Frederic tiene un lugar en ella. La reunión de Fernández con Berni es una mala noticia para los intendentes que controlan el PJ bonaerense. El ministro forma parte del entramado kirchnerista que trabaja para que Máximo Kirchner encabece una nueva conducción que desplace a la actual.

Igual que el titular del PJ, Fernando Gray (Esteban Echeverría), Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Fernando Moreira (interino en San Martín), resolvieron no asistir al acto de La Plata. El gesto de aparente rebeldía intenta disimular una fragilidad. Los intendentes pactaron con La Cámpora posponer hasta marzo ese proceso que obligaría a las actuales autoridades a renunciar a sus cargos antes de diciembre de 2021, que es cuando finalizan sus mandatos. La agrupación de Máximo se los exigiría como parte de un supuesto acuerdo de reciprocidad por el que Fernández debería asumir en simultáneo como nuevo titular del PJ nacional, pero rodeado de dirigentes kirchneristas. El valor de los dos cargos no es simbólico. Tiene peso y decisión en la confección de las listas de candidatos. La expectativa de los intendentes del PJ es que Fernández colabore con ellos desde ese lugar.

De forma sugestiva, marzo es también el mes señalado para presentar un amparo contra le ley 14836, que les impide ser reelectos más de una vez en el fuero contencioso administrativo del Departamento Judicial de San Martín. Los jefes comunales confían en que el sistema de sorteos los favorezca y recaiga en el Juzgado N°1 de Jorge Ocampo.

También en superar las dos primeras instancias de apelación. El temor que los inquieta es que Axel Kicillof intervenga a través de la Corte bonaerense. Es otra curiosidad. El gobernador no tiene cómo hacerlo. A menos que apele a una gestión informal de Julio Alak. El ministro de Justicia tiene una relación privilegiada con Daniel Soria, presidente de ese tribunal.

El problema es que el tema no está entre las prioridades que la Corte tiene en su agenda. Ni en de Alak, en apariencias. Tampoco intervenir en la causa contra Pablo Moyano por supuesta asociación ilícita con barras de Independiente que fue elevada a juicio en los Tribunales de Lomas de Zamora y por la que le habría reclamado de manera airada Omar Plaini.

En verdad, le planteó que lleve adelante una acción para la que carece de atribuciones. Remover al Procurador General, Julio Conte Grand. Una facultad del Senado bonaerense, donde tiene mayoría Juntos por el Cambio. Además de senador provincial, Plaini es el líder del sindicato de canillitas y ladero histórico de los Moyano, que deberían reconocer el carácter premonitorio de su intervención. Ayer, la jueza Brenda Madrid sobreseyó a Pablo Moyano. El fiscal Sebastián Scalera tiene cinco días hábiles para apelar esa decisión.

Una novedad que podría darle otra interpretación al mensaje del presidente en La Plata y recuperar del primer impacto emocional negativo sobre sus expectativas de quienes lo escucharon. "Nada va a quebrar mi amistad con Cristina" aseguró para confirmar lo que los sindicalistas de la CGT definen como uno de sus peores hábitos. "Alberto se levanta cada mañana pensando qué va a decir Cristina de lo que hace. El problema es que a ella no le importa lo que él piensa."