Ahora es el turno de las empresas petroleras.

Pronto se observará en ese desfile también a los bancos.

Las épocas difíciles que asoman empiezan a tornar permeable el cuento kirchnerista sobre la existencia de una nación burbujeante y feliz. La chapuza oficial con la tarjeta SUBE del transporte, cuyo fin es continuar la poda de subsidios, fue imposible de ocultar por su dimensión aun para los medios vecinos al Gobierno. Habría llegado el momento para la Presidenta, entonces, de apuntar a los supuestos responsables de las dificultades objetivas que, por lo visto y escuchado, nunca están en el poder.

Cristina presentó como un dato alarmante – que es– y novedoso – que no es– los U$S 9.000 millones gastados en importación de combustibles. Ese proceso se inició en el 2004 al mismo tiempo que, por el congelamiento tarifario, declinó la exploración y la inversión en el sector de la energía.

La Argentina de los Kirchner puso fin al autoabastecimiento energético.

¿Qué sucede ahora para que se presente esa carencia como un descubrimiento? Que la opulenta caja del Estado comienza a hacer agua, como el crucero italiano. Guillermo Moreno comunicó que el superávit comercial de este año no debería estar por debajo de los US$ 8.000 millones. Sólo la importación de combustible representa más que esa cifra.

La Presidenta ha preferido no revisar las consecuencias de la política energética de este ciclo. Optó por incorporar a un nuevo actor en su lucha pretendidamente épica contra las corporaciones . Algo podría suceder con Repsol-YPF que posee la mayor porción del mercado. Su director ejecutivo, el catalán Antoni Brufau, indagó desde Barcelona aquellas posibilidades.

¿Intervención, estatización total? Los españoles sabían que alguna tormenta se estaba gestando. El príncipe Felipe, heredero de la Corona, regresó a España aturdido luego de participar en la reasunción de Cristina. Escuchó de su boca, cuando se arrimó para felicitarla, una andanada de críticas contra las empresas españolas radicadas aquí. En especial, contra Repsol-YPF.

Cristina podría estar haciendo en este primer tramo de su reelección un uso abusivo de su popularidad.

Se siente en condiciones de ser juez de todos y manejar con escaso pudor sus actos y sus palabras. Existe una memoria histórica que permite corroborar que esos actos y esas palabras han tenido demasiadas veces sentidos antagónicos e irreconciliables.

No valdría la pena detenerse en ciertas imprecisiones históricas con las cuales resbaló al hablar de las Malvinas. En todo caso podrían rescatarse otras cosas: la promesa de rigor sin desbordes para encarar el reclamo de un diálogo al cual Gran Bretaña se niega. La designación de un embajador –Alicia Castro– en Londres, vacante desde el 2008. La condena amplia a aquella guerra que la dictadura detonó, en complicidad con Margaret Thatcher, para intentar evitar el derrumbe y esconder oscuridades. Le faltó algo que acaba de señalar Beatriz Sarlo: la complacencia civil con esa guerra, la de la mayoría de la clase política, incluso kirchneristas que ahora son funcionarios o militantes.

Cristina tiene un problema insoluble con la sobreactuación. O con la información precaria. Anunció como una decisión ejemplar e inédita la divulgación del informe Rattenbach que enjuició el comportamiento de las Fuerzas Armadas en el planeamiento y desarrollo de la guerra. Ese informe fue publicado íntegro en 1988 en un libro de ediciones Espartaco, incluso con comentarios. Gran parte de ese informe –algunos sostienen que mutilado– fue también divulgado en 1983 por el entonces semanario Siete Días .

Malvinas sirvió también para desnudar otro de los desacoples discursivos de la Presidenta. Dijo, con razón, que el reclamo argentino no se debe agotar en la soberanía. Mencionó la exploración de petróleo y la depredación pesquera en el mar austral. Se preguntó, no por casualidad, sobre la hipotética ausencia de interés en ese tema de las organizaciones que defienden el medio ambiente.

La Presidenta está molesta con esas organizaciones que han desatado una campaña en contra de la explotación minera a cielo abierto en La Rioja, San Juan y Catamarca. El conflicto cobró intensidad por la impudicia del gobernador riojano, Luis Beder Herrera: hizo su campaña electoral bajo juramento de que nunca permitiría una explotación en Famatina que pudiera afectar la salud de los pobladores. El juramento se extinguió con el triunfo. El Gobierno dio su aval. Habría entre varias razones –intereses y negocios– una urgencia: Cristina pretende fortalecer exportaciones (la actividad aporta U$S 4.000 millones anuales) y que algunas provincias obtengan de cualquier modo recursos propios que el Estado, por la desaceleración económica, no le podrá brindar.

Su bandazo estaría comenzando a producir grietas en sectores sociales –intelectuales, artistas, científicos– que vienen acompañando al Gobierno. Podría estar demostrando, a la par, que sus principios se adecuarían sin tantas vueltas a la dirección de los vientos. La historia reciente no ayuda a la Presidenta. Ella y Néstor Kirchner izaron la bandera de la defensa ambiental cuando despuntó el pleito con Uruguay por la instalación de la pastera Botnia en Gualeguaychú.

Con el activismo de los asambleístas consintieron durante tres años y medio el cierre de un puente internacional . Morigeraron su postura cuando un fallo de La Haya avaló a la pastera y José Mujica reemplazó a Tabaré Vázquez en Uruguay. Llegaron al final a un acuerdo para el monitoreo conjunto de la fábrica de pasta de celulosa. El puente se liberó y los asambleístas pasaron al olvido.

Cristina puede hacer y decir todo lo que hace y dice porque reina en medio de una desolación política . La oposición rastrea aún alguna razón de ser. El peronismo está disciplinado y quieto. El único límite que parece amenazar a la Presidenta es el que traza Hugo Moyano.

El líder camionero ha dejado los cargos partidarios en el peronismo. Daniel Scioli le pidió que se quedara. Florencio Randazzo, a instancias de Cristina, afirmó que el que renuncia debe irse. Otra vez los dobleces del Gobierno: Kirchner renunció al partido tras la derrota del 2009, pero volvió sin que nadie chistara.

La decisión de Moyano y aquella solicitud de Scioli parecieron tener más armonía que la que indicaron los hechos. El gobernador de Buenos Aires sabía que la determinación del secretario General de la CGT era irrevocable. Sabía también que el kirchnerismo replicaría. Quedó dibujada para el futuro, quizás, una línea divisoria imaginaria en el oficialismo. ¿Un pacto del sindicalista con el gobernador? Nada de eso . Moyano le dispensa cierta desconfianza al mandatario porque no habría cumplido ninguno de los convenios preelectorales ni en la integración del gabinete. Pero el embate kirchnerista contra uno y otro termina por arracimarlos.

Gabriel Mariotto, el vice a cargo interinamente de la gobernación, viene reclamando a algunos intendentes importantes, del sur del conurbano, que abandonen a Scioli. Algunos avezados kirchneristas, en tanto, continúan buscando algún sustituto de Moyano en la CGT. Pero en ambos casos se vislumbra un problema similar: los K tienen la voluntad de provocar esos cambios, pero carecen de la pericia y la articulación política necesaria . Debajo de la popularidad de Cristina se abre un vacío.

Moyano, en cambio, tiene plan y no sólo para plantarse en la discusión salarial. No lo dirá.

Sería prolongar su mandato en la central obrera.

Se asomaría, entonces, al 2013 cuando se realicen las elecciones parlamentarias y, tal vez, se empiece a bocetar alguna sucesión para el 2015. El líder camionero se distancia de Cristina mientras urde alianzas internas.

Gerardo Martínez desistió de convertirse en sucesor. Andrés Rodríguez, de ATE, también le escapa a ese convite. Es difícil que un dirigente de un gremio estatal conduzca la CGT. Mucho más, cuando una de las primeras decisiones de la Presidenta fue reconsiderar por DNU el salario de 300 mil empleados del Estado. Aun dirigentes que están más cerca del Gobierno no desean quedar ligados con las medidas de ajuste. Oscar Lescano, de Luz y Fuerza, avaló un quite de colaboración de 10 días en su gremio durante los momentos más tórridos del verano y de mayores emergencias energéticas.

Cristina atisba la dura prueba de las paritarias. También, las posibles secuelas de los tarifazos en todo el país que podrían torcer desde marzo el humor colectivo. ¿Sería prudente pensar, en ese contexto, en el relevo de Moyano? ¿No sería agregarle incertidumbre a un horizonte que viene cargado? El diálogo con Moyano está interrumpido . Su reanudación podría ser interpretada por Cristina como una debilidad. La Presidenta no se permite ahora concesiones, arropada por el derecho, el poder y la confianza que le brindó