El discurso de barricada que ayer tuvo la Presidenta en General Rodríguez fue la cabal muestra de la política bipolar que está llevando adelante Cristina Fernández, agrediendo al gobernador que fue el principal aliado del kirchnerismo en los últimos 9 años y provocando una crisis económica y social en la principal provincia del país.
Un ejemplo de lo tragicómico del discurso de la Presidenta fue cuando calificó como “bien federal” a su gobierno. La realidad es que se trata de la administración más unitaria de los últimos 100 años, que incumple sistemáticamente con lo que la propia legislación establece en materia de coparticipación y que, además, se niega a devolverle a las provincias los aportes que hace a la Anses.
Las AFJP, cuya creación en los ‘90 llevó a que las Provincia debieran destinar parte de sus recursos para sostener el sistema previsional, dejaron de existir y la totalidad de los recursos que administraban pasaron al Estado. Pese a ello, los fondos que salen desde Buenos Aires (que destina más de $ 6.500 millones), que permitirían no tener que desdoblar el aguinaldo, nunca fueron restituidos.
Otra gran falacia se produjo cuando la primera mandataria puso también a su marido como modelo de gestión. Concretamente, dijo: “Yo tuve un maestro en la gestión, que cuando se fue de la provincia que gobernó, la dejó con 650 millones de dólares en reservas contracíclicas”.
La realidad fue que los Kirchner, a partir de los consejos y los arreglos turbios que supieron tejer con el menemismo y con Domingo Cavallo, compraron acciones de la YPF privatizada para especular en los ‘90 con los fondos de las regalías petroleras. Y luego se llevaron ese dinero a bancos de Suiza y Luxemburgo, en momentos en que los ahorros de los argentinos eran incautados por el corralito. El real destino final de esos fondos, a los que Cristina denominó “reservas contracíclicas”, es un misterio.
El “exitoso modelo K” que tanto está propagandizando la Casa Rosada también incluye hechos como los 51 muertos en la estación de Once, producto de la desidia, el descontrol y la corrupción en los negocios de ferrocarriles; la estafa con $ 700 millones, que fueron girados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo por casas que nunca se construyeron; la designación a dedo de jueces y fiscales, que luego protegen y garantizan impunidad al poder político, especialmente al vicepresidente Amado Boudou, seriamente comprometido por la supuesta compra de una empresa para imprimir papel moneda; la bochornosa política económica que llevó tener a un país en recesión, con niveles exorbitantes de inflación, desaprovechando el hecho histórico que significa tener la tonelada de soja por encima de los 600 de dólares.
Y como si todo esto fuera poco, el broche de oro es la decisión de castigar a 550 familias bonaerenses, que fueron tomadas como rehenes, con el único objetivo de marginar al gobernador, que asoma con mayores chances para sucederla en el sillón de Rivadavia, para luego eternizarse en el poder.




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