La diputada provincial, Rosario Cristiani, parece haberse agotado de esperar respuestas del Ejecutivo provincial a los pedidos de informes aprobados en la Cámara baja. “Entre diciembre de 2007 y marzo de este año, la Provincia no respondió 233 pedidos de informes impulsados por legisladores justicialistas o aliados partidarios. Esto no puede seguir así, creemos que se debe hacer algo”, subrayó la legisladora.

Por eso presentó un proyecto de ley, que ingresó oficialmente el miércoles 12 de abril, que en su primer artículo define como objetivo “regular las comunicaciones referidas a los pedidos de informes que el Poder Legislativo realice al Poder Ejecutivo a través de proyectos aprobados por cualquiera de las cámaras legislativas”.

Cristiani destacó que “la sensación entre los diputados del PJ es la misma, hay frustración por la falta de respuestas del Ejecutivo, y destacó que eso se advierte porque el proyecto fue firmado por los presidentes de todos los bloques del justicialismo”.

La novedad en esta materia está en el artículo 6, que establece algo así como sanciones simbólicas. “Cada Cámara Legislativa publicará mensualmente en su página web el listado de los pedidos de informes no contestados por el Poder Ejecutivo, detallando los plazos incumplidos, los organismos requeridos y los responsables de remitir las respuestas solicitadas”, subraya. En el mismo punto agrega que “en forma cuatrimestral las cámaras legislativas enviarán al Poder Ejecutivo la información citada precedentemente a fin de que el mismo, dentro de las 72 horas de su notificación, proceda a su publicación en el Boletín Oficial y en los medios de difusión gráfica de mayo tirada en la Provincia”.

“Los legisladores necesitamos que se respondan a nuestros pedidos de informes. Es un insumo básico para mejorar nuestra tarea legislativa. Nos permite hacer el seguimiento de temas, comprobar si se han dado respuestas a planteos específicos o si debemos insistir por soluciones. Por eso este proyecto”, explicó Cristiani a este Diario.

La iniciativa, en su artículo 3, sostiene que el “pedido de informes deberá ser contestado en forma precisa y completa, debiendo el Poder Ejecutivo acompañar la documentación respaldatorias de las respuestas efectuadas o indicar el lugar de ubicación cuando esta sea pública o se encuentre en algún archivo de consulta”.

Para definir con detalles la metodología, establece que todo pedido “deberá indicar el plazo o término para la respuesta, el cual será de cumplimiento obligatorio” y en caso de que la iniciativa “no defina expresamente un término, el plazo máximo para producir las contestaciones será dentro de los 15 días hábiles a partir de su notificación”.

De todas formas, Cristiani admite que en determinados temas “se requiere la participación de varias oficinas u organismos del Estado, por lo que elaborar una respuesta integral implica una mayor cantidad de días”. Ante esta posibilidad, en el artículo 5, se brinda al Poder Ejecutivo la opción de que solicite “una ampliación del plazo proponiendo una nueva fecha en la que se cumplirá con lo solicitado” aunque debe notificarlo a ambas cámaras legislativas y estas aprobar la solicitud o bien rechazar la misma.

“Las cámaras legislativas llevarán un registro de los plazos acordados para las respuestas a los pedidos de informes, de sus eventuales ampliaciones, del incumplimiento de los mismos y de las respuestas recibidas por el Poder Ejecutivo”, agrega el proyecto con el que Cristiani no quiere dejar librado nada al azar.

En los fundamentos, la legisladora admite que “se encuentra vigente la ley 11.312 que establece un plazo dentro del cual se debe dar cumplimiento a lo solicitado por el Poder Legislativo, pero en la práctica este mecanismo de pedido de informes, esencial del control republicano sobre los actos de gobierno- ha sido distorsionado a lo largo del tiempo en razón del incumplimiento de plazos, información parcial, superficial o simplemente el silencio del Poder Ejecutivo”.