Su compañía Oil M&S ayer no presentó el plan de negocios para salir del concurso preventivo en el que la autopartista de Villa Constitución está sumergida desde diciembre de 2008. “No es viable”, aseguran que argumentó a la jueza Agueda Orsaria, que lleva adelante el proceso.

La situación de la empresa se vino a pique el mes pasado cuando Ford Brasil les anunció que dejaría de comprarles los blocks de motores durante, por lo menos, 90 días. Esta suspensión afecta al 95% de la producción de Paraná Metal que luego de un año de conflicto había vuelto a funcionar fabricando unas 1.700 toneladas.

El zar del juego había comenzado a diversificar sus inversiones metiéndose desde principio de 2009 en la producción de automotriz –sector clave en el modelo k-, pero lo hizo con un objetivo que no pudo cumplir: echar la mitad de la planta. “Sobran 400 operarios”, les habían dicho los representantes de M&S –la empresa de López- a los trabajadores en medio de las negociaciones para comprar definitivamente la planta ubicada en Villa Constitución. Y ofreció desde retiros voluntarios hasta jubilaciones anticipadas. Ofertas que se encontró con un sindicato poco dispuesto a aceptarlas. Sólo 150 tomaron la propuesta.

A tal punto llegó la relación con los trabajadores que el mes pasado, la UOM acusó a Cristóbal López de “presionar para vaciar Paraná Metal de operarios”. En ese momento fuentes sindicales contaron a La Política Online que les pagaba los sueldos quincenales en cuotas y suspendió a 600 empleados y señalaron que el empresario kirchnerista había comenzado con un “operativo desgaste”.

Foja cero

“Con la salida de Cristóbal López, todo vuelve a cero, estamos como a fines de 2008 y hay dos salidas posibles –contó un representante de los operarios- declarar el cram down (salvataje de empresas) y buscar otra vez un nuevo oferente que se haga cargo de la planta, o la quiebra”.

Los trabajadores apuestan a la primera, por supuesto, pero ello puede llevar su tiempo –judicialmente es un proceso que tiene un tope d dos meses-. En el sector reflotan los viejos oferentes antes del empresario kirchnerista. Sin dar demasiadas precisiones, aseguran que se trata de inversores locales que no están en el rubro. Pero los trabajadores metalúrgicos que desde hace un año y medio que viven en conflicto laboral ya están evaluando en presentarse ellos mismos como oferentes y hacerse cargo de la fábrica autogestionándola.

La posibilidad de conformar una cooperativa es una alternativa que desde el sindicato vienen evaluando desde hace tiempo y si bien creen que es posible, aclaran que para que la iniciativa funcione de una forma u otra van a precisar apoyo estatal. Por un lado, por la inyección de capital –el costo operativo mensual es de $16 millones, aproximadamente- y, por el otro, porque las multinacionales son reacias a comprarle a cooperativas.

“A nivel laboral es viable, sólo necesitamos capital que la sostenga”, afirmaron esperanzados. Y con esa mirada apuntan a los créditos de tasa fija que otorga el Gobierno.

Con la idea de bajar el déficit comercial en el sector automotriz, desde el Ministerio de la Industria, de Economía y la Secretaría de Comercio, promueven un plan de integración local entre autopartistas y fábricas de automotores para el que impulsan distintas formas de financiamiento, desde los préstamos con fondos de la Anses, hasta el Programa del Bicentenario por el cual el Gobierno destina $8.000 millones para préstamos a pagar a 5 años con tasas fijas del 9,9%.

Esta tarde los trabajadores de Paraná Metal viajaron a Alvear, ciudad cercana a Villa Constitución para acercarle una propuesta a Mirta Díaz, subsecretaria de la Industria, quien visitaba el Parque Industrial de esa localidad. Sin respuestas, se lo llevó para estudiarlo.

De conflicto en conflicto

Paraná Metal fue una de las primeras empresas que comenzó con los despidos masivos. Por la crisis económica global, el 16 de diciembre de 2008 anunció que despediría a los 1.200 trabajadores y cerraría la planta de autopartes instalada en Villa Constitución.

Por la intervención del Gobierno, lograron acordar que se suspendieran y bajaran los salarios de los operarios a cambio de que mantuvieran las fuentes de trabajo, mientras desde la gestión kirchnerista buscaban un comprador que quisiera hacerse cargo de la empresa.

En ese momento entra en escena el zar del juego, quien –con clara intenciones de comprarla- inyectó $7 millones a los fondos de la fábrica para pagar los salarios atrasados y mantener una producción básica de 1.100 toneladas mensuales.

Pero la buena noticia duró poco. En marzo y abril se presentaron los primeros retrasos de sueldos y en mayo los trabajadores pararon por 15 días la planta ubicada en Villa Constitución porque no la empresa no cumplía con las paritarias. Según los trabajadores, las inversiones en maquinarias y tecnología que prometieron en un principio, nunca se hicieron.