El estado de muchas rutas, en territorio bonaerense, es deplo-rable. Y ha provocado en los últimos meses que numerosos ciudadanos estén saliendo a protestar, realizando piquetes para pedir la realización de obras. La situación es extramadamente delicada y, pese a ello, el gobierno bonaerense se metió de lleno en la contienda judicial por la falta de inversiones en la Autopista La Plata-Buenos Aires, con la idea de que haya una transferencia de la concesión, que actualmente está bajo la órbita de la Nación.

La idea de la administración bonaerense sería conformar un fideicomiso, que en una primera etapa sería administrado por Bapro Mandatos, que recaudaría los fondos del peaje y se encargaría de financiar las obras en cuestión. La segunda etapa sería extenderle el contrato de concesión a la polémica empresa Coviares que, no por casualidad, a través de una asamblea de accionistas pidió el traspaso de la concesión. Si prospera esta movida, la empresa continuaría sin invertir un solo peso, y las obras serían financiadas por los usuarios.

La otra opción que se baraja es que Coviares deje directamente la concesión, y la Provincia podría otorgársela al empresario Eduardo Eurnekian. “El problema es que Eurnekian ya tiene la Ruta 11 y la autovía 2, o sea, se quedaría con un monopolio vial de toda la zona sureste”, explicó a Hoy Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usurario Vial (Conaduv). Por su parte, el diputado provincial Gonzalo Atanasof, uno de los denunciantes de la situación irregular en la autopista, dijo a Hoy: “No se entiende bien el objetivo de la intervención de la Provincia. No vaya a ser que, con esta movida, se termine dando marcha atrás con los logros alcanzados en la Justicia, como fue frenar el aumento del peaje hasta que se hagan las obras en cuestión”.

Un disparate

“Es un disparate que la Provincia se quiera hacer cargo de una autopista que para empezar es de jurisdicción nacional”, aseguró Lasca y agregó que “por otra parte, si se hace cargo la Provincia ¿cómo lo va a hacer si no tiene ni un peso?”.

El coordinador de Conaduv reiteró que existen otras opciones que los gobiernos nacional y provincial se niegan a abordar: “Acá lo que hay que hacer es rescindir el contrato, que es un contrato que afecta el interés general, un contrato leonino, ilegal. Y rescindirlo sin indemnización, porque como afecta el interés general, no corresponde ninguna indemnización al concesionario, porque existe un incumplimiento del contrato. Y la tiene que gestionar el Estado nacional, eliminando las cabinas de peaje, porque ya la autopista está recontra amortizada, y a través de la reasignación de parte de los fondos viales que recauda el Estado con el impuesto a los combustibles se pueden hacer las obras del tercer y cuarto carril, las bajadas y el correspondiente mantenimiento”.

Por otra parte, Lasca relató un antecedente que podría replicarse en caso de que avance la perspectiva de la Provincia y los usuarios otra vez terminen pagando lo que le corresponde a la empresa concesionaria: “La autovía 2, que está bien que se haya construido, se hizo con un subsidio estatal de 270 millones de dólares, o sea, Covisur la hizo gratis, la pagamos nosotros, encima pagamos 20 años tarifas de peaje abusivas e ilegales”.

En condiciones decadentes

La autopista La Plata-Buenos Aires, que ahora la Provincia pretende tener bajo su órbita, no sólo tiene incompletas las obras que figuran en el contrato de concesión (como el tercer y cuarto carril), sino que además está en pésimo estado. Existen desde tramos con asfalto mal emparchado, otros con baches (sobre todo en el trayecto entre el peaje Dock Sud hasta la zona de Hudson), hasta banquinas que se transforman en carriles provisorios, y carteles que anuncian obras sin máquinas a la vista.

El peligroso estado de las rutas bonaerenses

La provincia de Buenos Aires pretende hacerse cargo de la autopista La Plata-Buenos Aires, cuando las rutas que tiene a su cargo en territorio bonaerense se encuentran en un pésimo estado. El problema es además común a los caminos que cruzan la Provincia pero que son administrados por el Gobierno nacional, ya que se trata de los trazados más peligrosos del país.

De hecho, en las rutas nacionales 9, 7 y 8 (que cruzan la Provincia) se producen el 21%

de los accidentes viales de la Argentina, lo que las lleva a liderar el trágico ranking que realiza el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi).

A su vez, el mes pasado un grupo de vecinos de San Antonio de Areco salió a cortar el cruce entre la ruta provincial 41 y la ruta nacional 8 por el hartazgo ante los reiterados accidentes fatales de tránsito, íntimamente relacionados con la demora en las obras prometidas de bacheo y pavimentación en el tramo de unos 25 kilómetros que une los distritos de San Antonio de Areco y San Andrés de Giles.

De la misma forma, vecinos de Daireaux analizan la posibilidad de llevar a cabo una rebelión fiscal en demanda del arreglo de la ruta 65.

Cabe destacar que tal como publicó ayer este diario, un buen porcentaje de los fondos destinados a Seguridad Vial no fueron ejecutados todavía y se presume que fueron desviados para el pago de sueldos.

Sin la voz de los usuarios

Otro punto que remarcó el coordinador de Conaduv, Ricardo Lasca, es que todas las decisiones que el gobierno provincial está tomando sobre el destino de la autopista La Plata-Buenos Aires, las está llevando a cabo sin la correspondiente audiencia pública.

“Deberían convocar a una audiencia pública, porque los usuarios somos parte de esto: somos lo que pagamos. Scioli dice que está abierto al diálogo pero con nosotros no se reúne”, dijo Lasca y destacó además que la Provincia debería reclamar la parte que le corresponde del impuesto nacional a los combustibles, que recauda $ 18 mil millones anuales, para así poder realizar las obras necesarias.

Buscan privatizar los caminos

El mes pasado, la Provincia anunció su intención de dar en concesión el 20% de las rutas 29, 41, 51, 65, 74 y 86 a empresas privadas, que comenzarían a cobrar peaje a partir de 2013, con la intención de solventar de esta forma un plan de mejoramiento de los caminos.

El diputado del FAP Juan Carlos Juárez (foto) indicó al respecto que “privatizar rutas como en la década del ‘90 no es el camino adecuado para resolver el problema de las rutas destruidas”. Además, agregó: “La Provincia ya recibe fondos para reparar y hacer rutas, por medio del cobro de las patentes a los automotores. En lo que va del año ya recaudó en ese concepto más de $ 1.800 millones”.