La crisis del transporte público en la Argentina es terminal. Y la posibilidad de que vuelva a ocurrir otro siniestro como el de la estación Once (que dejó 51 muertos), ante la falta de inversiones, es algo que está latente. Por eso, el kirchnerismo, que tiene una responsabilidad mayúscula por la forma denigrante en la que diariamente viajan millones de personas en trenes y colectivos, especialmente en el área metropolitana, ahora busca tirarlespor la cabeza el problema tanto a Daniel Scioli como a Mauricio Macri.

No hay que engañarse. El colapso del transporte público tiene responsables con nombre y apellido, que fueron ocupando importantes cargos desde el gobierno de Carlos Menem, el hacedor de la entrega infame de los ferrocarriles a manos privadas, hasta el presente, con un gobierno kirchnerista que hace nueve años que está en el poder.

La cuestión de fondo pasa por lo insostenible que resulta, para las alicaídas arcas del Estado, sostener el pago de casi 21 mil millones de pesos que, anualmente, demanda el sistema de transporte en subsidios. Se trata de un burbuja a punto de explotar, que fue inflada por la propia administración K que jamás llevó adelante políticas que incentivaran la producción y la generación de empleo genuino. Eso hubiese permitido conformar una rueda armoniosa, con un sistema productivo capaz de satisfacer las demandas, con lo cual la inflación no existiría y así gran parte de la población estaría en condiciones de afrontar el costo real que demanda viajar.

Por el contrario, el Gobierno nacional optó por ir en el camino inverso, incentivando al máximo el clientelismo, llevando a que millones de familias dependan de las dádivas del Estado. Programas como la Asignación Universal por Hijo son positivos si se instrumentan para paliar situaciones de emergencia, por un tiempo determinado, para luego transformarse en políticas de Estado que apunten a desarrollar un esquema productivo, con valor agregado, que permita a esas familias insertarse dentro del sistema. Y tener posibilidad de ascender socialmente en función de su trabajo y esfuerzo.

Con los subsidios al transporte sucede algo similar. Que el Estado intervenga para mantener el nivel de las tarifas, gastando cifras multimillonarias por tiempo indeterminado, lo único que puede generar es negociados y corrupción, como ocurrió con el siniestro de la estación de Once, que no sólo fue producto de la falta de inversiones del grupo empresario, sino también de la connivencia política que existe alrededor de las concesionarias del transporte.

Sintonía entre la CGT y la CTA

La Confederación General del Trabajo (CGT) que dirige Hugo Moyano expresó ayer su “solidaridad con la protesta” realizada ayer por la CTA opositora y coincidió “con su reclamo por mejoras salariales y laborales”.

En un comunicado, la CGT destacó que los reclamos formulados por la fracción de la CTA de Pablo Micheli son “los mismos” que impulsa la CGT, entre los que mencionó “salario mínimo de cinco mil pesos, paritarias sin techo, anulación del impuesto a las Ganancias, 82 por ciento móvil, unificación de asignaciones familiares sin topes y anulación de la ley antiterrorista”.

“La Confederación General del Trabajo está totalmente de acuerdo con este justo pedido, sus reclamos son temas que forman parte de la agenda de la CGT y todo aquello que reivindique los derechos de los trabajadores nos lleva a ser solidarios”, aseguró el comunicado firmado por Hugo Moyano.