A saber: El mega-emprendimiento de Techint a lo largo de la costa de Bernal y Avellaneda; la urbanización de 23 hectáreas en la Ribera quilmeña, a lo largo de la costa de Ezpeleta en el límite con Berazategui cuya cara visible hasta hace un tiempo era nada más ni nada menos que el pariente de un ex concejal PJ; la rendición de cuentas de la gestión Gutiérrez del año 2.009, que de no tratarse, será automáticamente girada al Tribunal de Cuentas de la Provincia como convalidada; y las autorizaciones a una decena de edificios que se construyeron superando los límites en altura establecidos en diciembre del año 2.007 y que fueron exceptuados por el asesor letrado de la Municipalidad invocando una ordenanza que para algunos ya estaba vencida. Hasta acá, es lo que se conoce.

Sin dudas que la parálisis en el H.C.D. de Quilmes sólo entretiene, mientras posterga y evita que los temas antes mencionados, de alta sensibilidad política y pública, sean debatidos.

Respecto al proyecto Techint hacía tiempo que no había novedades. Fue el juez federal Luis Armella el que al producir un allanamiento en la Comuna reactivó el tema públicamente. El proyecto de urbanización en la ribera quilmeña, a lo largo de la costa de Ezpeleta se hizo público a través de Internet. La situación de la rendición de cuentas de la administración Gutiérrez correspondiente al último año, la puso de relieve el concejal del peronismo disidente, José Casazza.

Mientras que las dudas surgidas en torno a la construcción de edificios en las alturas se conocieron a partir del movimiento de un grupo de abogados de la ciudad que evalúan efectuar una denuncia penal para que la Justicia realice una investigación. Los letrados aseguran que no podrían otorgarse las escrituras definitivas de por lo menos, una decena de edificios construidos (o en construcción) por encima de los límites actualmente vigentes, sin ser convalidados por el Concejo Deliberante. Consideran, que las excepciones otorgadas por el actual gobierno municipal ya no eran de sus atribuciones dado que la ordenanza que la posibilitaba, tenía una extensión de 180 días. Fue aprobada en diciembre de 2.007 y las autorizaciones recién comenzaron a aparecer después del alejamiento del Secretario de Obras Públicas, Brian Renison, a mediados del año 2.009.

No obstante, las versiones sobre la existencia de otros proyectos de interés público en danza, se multiplican con el correr de los días. En tanto, los políticos de la ciudad se limitan a hablar del recambio o no de autoridades en el Concejo Deliberante y de la crisis en el H.C.D.