El constante incremento del costo de vida está llevando a una situación cada vez más difícil a los casi 600 mil empleados públicos bonaerense -estatales, docentes, judiciales, médicos y policías, entre otros- , que ven cómo sus ingresos actuales impiden acceder a bienes y servicios indispensables para asegurar una calidad de vida digna.

En lo que va del año, en promedio, se le otorgó un 19 % de incremento salarial a todos los sectores, muy por debajo del 25 % de inflación interanual que se está registrando. En otras palabras, como decía el general Perón, los sueldos están subiendo por escalera, y la inflación por ascensor.

Sólo basta con analizar los ingresos de los principales sectores, que tienen al Estado provincial como empleador, para entender a fondo lo que está ocurriendo:

è Docentes: el salario por jornada simple (4 horas de trabajo) es de $ 1.900, mientras que el de una jornada completa llega a $ 3.800 (8 horas)

è Estatales (ley 10.430): el salario inicial es de $ 1.800, para un agente que recién empieza en la administración pública. Si se toma un promedio, en función de la antigüedad y otras bonificaciones, podría redondearse unos

$ 3.000, más allá de que existen grandes disparidades en función de trabajadores que desempeñan igual tarea en distintos ministerios (ver aparte).

è Médicos: un profesional que comienza trabajando en un hospital público está ganando unos

$ 3.600, que pueden llegar a $ 5.000 con 15 años de antigüedad y otras bonificaciones.

è Judiciales: El salario mínimo es de $ 2.136,12 (auxiliar 6), y con una antigüedad de 10 a 15 años se pueden redondear unos $ 3.500.

è Policías: un suboficial tiene un salario inicial de $ 2.200, y puede llegar hasta $ 3.700 con las horas cores (horas extras), trabajando durante casi todo el día y sin jornadas de descanso. En tanto, con una antigüedad promedio de 10 años, el salario asciende a $ 3.500, y cuando está a punto de jubilarse llega a los $ 4.500. En tanto, los oficiales tienen ingresos que, en promedio, son $ 500 superiores al de los suboficiales.

Ante esta situación, se puede establecer, tomando a toda la administración pública, que un salario promedio estaría rondando los $ 3.000. Ese ingreso hace que, por ejemplo, se torne cada vez más inalcanzable el sueño de la casa propia, para aquellos empleados públicos que todos los meses están desembolsando un mínimo de $ 1.500 para alquilar una casa con dos habitaciones.

Una entidad de primera línea, que está impulsando las líneas hipotecarias, dio este ejemplo: para comprar un inmueble de 70.000 dólares ($ 280 mil aproximadamente), tomando un préstamo por el 70 % (US$ 49.000), el interesado debe demostrar ingresos mensuales (propios o del grupo familiar) por $ 12 mil (cuatro sueldos promedio de la administración pública bonaerense). Y pagar todos los meses, durante 15 años, una cuota de $ 4.400. Es decir, la cuota es un 46 % superior al salario promedio de un empleado público.

La situación tampoco es alentadora para los trabajadores que tienen que ampliar o refaccionar su vivienda: construir una habitación difícilmente salga menos de $ 15 mil, incluyendo materiales y mano de obra. Es decir, cinco sueldos promedio de la administración pública

Otro sueño, típico de clase media, es tener un automóvil. Si bien existen distintos planes para comprar automóviles O km en cuotas, el interés que se cobran en la mayoría de ellos hace que, en muchas ocasiones, se termine pagando hasta un 50% más del valor del mismo. En tanto, aquellos empleados que quieren acceder a un “usado” también tienen dificultades ya que deben desembolsar al menos 7,5 sueldos promedio para comprarse uno de los coches más accesibles del mercado, como puede ser el Fiat Palio modelo 2000.

También se está tornando un lujo irse de vacaciones: alquilar un departamento en la costa para una familia, por una quincena, difícilmente baje de los $ 2.000. Si a eso se le suman los costos del viaje, la comida y alguna recreación, no es probable que una familia tipo gaste menos de $ 8.000 en alguna de las quincena de enero. Es decir, se necesitan casi tres meses de salario para irse de vacaciones.

La pérdida del poder adquisitivo

Por Alberto Breinlinger (*)

Especial para Hoy

Los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires se rigen por el Estatuto Escalafón establecido por la ley 10.430. La totalidad de agentes contenidos en este régimen salarial asciende aproximadamente a 110.000, que se distribuyen entre los distintos ministerios y direcciones.

Existen muchas disparidades. Por ejemplo, un trabajador que realiza tareas de limpieza en la sede central de la Dirección General de Escuelas recibe mensualmente casi el doble de quien desarrolla actividades equivalentes en las escuelas bonaerenses. Y un administrativo del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, o de Arba, recibe un 150% más de ingreso mensual respecto de un trabajador auxiliar de la Dirección General de Escuelas.

Así, el grado de injusticia, discriminación y hasta desprecio al que han sido sometidos el 45 % de los trabajadores que desempeñan tareas y sostienen el funcionamiento de los colegios es absolutamente inaceptable.

Por otra parte, estos agentes que tienen una media salarial de 1.900 pesos mensuales deben ajustar su ingreso a una canasta de emergencia cuyo principal componente son los alimentos. Y justamente éstos han sido los más afectados por el proceso inflacionario que vulnera seriamente a estos trabajadores.

Según estimaciones de las organizaciones que defienden a los consumidores, la carne y sus sustitutos, las verduras, las frutas y los productos de almacén han tenido durante los primeros 9 meses del año un incremento de precios del 45 %. Mientras, para el resto de los servicios y bienes durables, el aumento fue inferior al 20 %.

Así entonces, es falso el método de análisis de comparar el aumento de precios promedio con los incrementos salariales. En una canasta equilibrada de gastos del orden de los $ 4.000, los alimentos tienen una incidencia escasa, mientras que aquellos sueldos de $ 1.800 condenan a estos trabajadores a carencias que a esta altura constituyen un hecho de absoluta injusticia y, más aún, cuando hablamos de gobiernos que se tildan de progresistas, que de lo único que hablan es de la distribución de la riqueza.

Es entonces imperativo, y de carácter urgente, que el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires adopte las medidas necesarias para corregir este cuadro; y más cuando estamos hablando de 57.000 trabajadores y sus grupos familiares que, en su mayoría, están sometidos a vivir al límite de la pobreza más vergonzosa.