La próxima sesión de la Legislatura se postergó al menos dos semanas, mientras en el oficialismo se evalúa la estrategia para contrarrestar políticamente el proyecto que propone la derogación de la ley de disponibilidad.

La reunión parlamentaria del próximo viernes 7 de septiembre no se concretará y en la dilación está la primera reacción gubernamental: esperar el paso del tiempo porque se entiende que a mediados de septiembre vencerá el plazo fijado por la ley 4.735 para mantener en "disponibilidad de los empleados públicos".

Fuentes legislativas indicaron que la sesión será el 21 de setiembre, es decir, vencidos los 180 días hábiles dispuestos –según el artículo 4– para la "disponibilidad" de "la totalidad del personal que revista en la planta permanente del sector público provincial", excluyendo el Poder Judicial, la Legislatura, personal docente, policías y del servicio penitenciario provincial.

En esta inacción radicaría la actitud del oficialismo para desactivar la fuerte ofensiva planteada por parte del FpV disidente, que el viernes pasado presentó el proyecto de derogación parcial de la ley 4.735, incluyendo el mencionado artículo 4. Las bancadas opositoras se sumaron a la iniciativa, algo que garantizaría su rápida aprobación en el recinto.

El gobernador Alberto Weretilneck se resiste a ofrecer ese escenario favorable para la eliminación de la disponibilidad, aunque él nunca se mostró demasiado entusiasta en su aplicación plena. Además, el Superior Tribunal de Justicia evalúa por estas horas un expediente que pide declarar la inconstitucionalidad de esa norma, presentado por el presidente de la bancada radical, Bautista Mendioroz. Por ahora, no hay garantía sobre la inmediatez de la resolución judicial y menos sobre la posibilidad de que destrabe este aprieto político-institucional.

El lunes pasado, el secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi advirtió que la iniciativa parlamentaria por la derogación no tenía sentido, porque el plazo de disponibilidad caducaba en septiembre. Así aludía al plazo de 180 días dispuesto para el proceso de disponibilidad. Esa precisión fue profundizada después por el gobernador con legisladores y, en especial, por el secretario de la Función Pública, Sandro Chaina. "Se van a sorprender, se van a sorprender", decía después Weretilneck.

El plazo de "180 días hábiles" vencerá a mediados de setiembre considerando que la vigencia de la ley 4735, a partir de su promulgación el 29 de diciembre con el decreto N°158/11. En cambio, el plazo sería mayor si se cuenta a partir de la reglamentación que se concretó el 16 de marzo pasado con el decreto 291/12. En ese caso, la etapa se extendería hasta diciembre. En principio, la estrategia oficialista está basada en la postergación del tratamiento legislativo. No habrá sesión el viernes 7, como se preveía, y ayer se confirmó que la próxima convocatoria sería para el 21 de setiembre.